La devastadora DANA que azotó Valencia la pasada semana nos ha dejado lecciones dolorosas sobre cómo gestionamos las emergencias en nuestro país. Más allá de las cifras y los datos técnicos o los intercambios de acusaciones, nos encontramos ante un drama humano que pudo haberse mitigado con una respuesta más ágil y coordinada. Una labor en la que los juegos de guerra y las simulaciones pueden ser herramientas fundamentales para desarrollar una respuesta más efectiva, gracias a su capacidad de fomentar el pensamiento intuitivo.
Índice
- Introducción
- El Sistema de Emergencias Español
- El pensamiento intuitivo
- Conclusiones
Introducción
Pocas palabras hay para tratar de explicar lo que ha ocurrido esta semana ante una violenta borrasca, gota fría o, más técnicamente, DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos), fenómeno meteorológico de gran virulencia y que afecta a amplias áreas. Una tragedia que, en el caso que nos ocupa, ha dejado centenares de muertos y un reguero de escenarios catastróficos, lo que ha obligado a pedir la ayuda del Ejército y, también, a movilizar recursos de toda España, en lo que ha sido una demostración de la capacidad de respuesta de la sociedad civil sin apenas precedentes.
Por supuesto, no es momento de investigar qué pudo fallar, si se actuó correctamente o buscar responsabilidades. Tampoco estas páginas son el lugar para ello. Pero sí que considero adecuado dedicar al menos unas líneas a escribir sobre el pensamiento intuitivo o la inteligencia intuitiva. Una herramienta utilizada por brokers, cirujanos, personal de urgencias, militares, bomberos y un sinfín de profesionales que se entrenan a la hora de responder frente a escenarios en los que los planes y protocolos rígidos no siempre son la mejor garantía.
Trataré, así, de responder a José Antonio Maldonado, reconocido meteorólogo español que se cuestiona la demora en alertar a la población sobre el aviso rojo de la última DANA, un fenómeno atmosférico que se anticipaba sería muy virulento y que se ha prolongado de forma inusual debido a condiciones anticiclónicas[1].
Según Maldonado, aunque la AEMET emitió la alerta roja el martes por la mañana, las autoridades de Protección Civil tardaron en informar a la población, lo que provocó en última instancia que muchas personas fueran sorprendidas en la calle o en carreteras. Aunque admite que algunas consecuencias son inevitables, como la acumulación extrema de agua y la fuerza de la naturaleza, considera que una alerta más temprana podría haber reducido el impacto en ciertas zonas.
Es fácil demostrar, tanto desde el punto de vista puntual como climático, que muchas situaciones de gota fría no traen consigo lluvias intensas o desastrosas. Del mismo modo, episodios de lluvias y vientos fuertes en el área mediterránea pueden estar relacionados con otros tipos de fenómenos[2]. Así, factores como la temperatura del mar, las áreas costeras y la orografía local influyen en el flujo de los niveles de agua, determinando su intensidad y peligrosidad. Este flujo es clave para generar, mantener y modular las tormentas en el Mediterráneo, siempre que existan las condiciones adecuadas en los niveles medios y altos de la atmósfera.
Dicho esto, cabe recordar que el artículo 1 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil establece que la protección civil es el servicio público que protege a las personas y bienes garantizando una respuesta adecuada ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de la acción humana, sea ésta accidental o intencionada, para lo cual cuenta con distintos protocolos y planes de actuación que prevén escenarios de todo tipo, si bien no siempre son el método más útil, como veremos.
Para ello, explicaré cómo funciona el sistema de emergencias español y en qué consiste el pensamiento intuitivo, basándome en mis años destinado en el Centro de Valoración y Apoyo a la Calificación Operativa para el Combate de la Armada (CEVACO, en donde teníamos un dicho que se convirtió en nuestro lema: “Nos adiestramos como combatimos, para combatir como nos adiestramos”, algo que evidentemente no se ha aplicado a propósito de la DANA.
El Sistema de Emergencias Español
Existe numerosa literatura sobre el sistema de emergencias español y no es mi intención repetirme. El año pasado tuve la suerte de estudiarlo y conocerlo a fondo al cursar el Máster Universitario en Gestión de Seguridad, Crisis y Emergencias por la Universidad Rey Juan Carlos y la Fundación Ortega y Gasset, con fantásticos profesionales, y mejores compañeros.
En este caso, el Ministro del Interior es la máxima autoridad en Protección Civil y cuenta con la Dirección General de Protección Civil y Emergencias como órgano de apoyo. Esta dirección impulsa la planificación y coordinación entre las Comunidades y Ciudades Autónomas, otros ministerios y organismos internacionales, facilitando recursos en emergencias relevantes o de alta probabilidad.
La Ley 17/2015 define la Protección Civil como un servicio público para proteger personas y bienes ante emergencias y catástrofes de origen natural o humano. El Sistema Nacional de Protección Civil (SNPC) integra a todas las Administraciones Públicas para asegurar una respuesta coordinada a través de varias fases:
- Anticipación: análisis de riesgos para identificar amenazas.
- Prevención: medidas para mitigar el impacto de posibles emergencias.
- Planificación: desarrollo de planes que organizan recursos y coordinan respuestas.
- Respuesta inmediata: intervención rápida para proteger y asistir a la población afectada.
- Recuperación: acciones para restablecer la normalidad post-emergencia.
- Evaluación e inspección: supervisión de actuaciones conforme a las directrices del Consejo Nacional de Protección Civil.
En cuanto a las fases de gestión de emergencias, estas se estructuran en tres etapas fundamentales:
- Alerta y seguimiento;
- Emergencia;
- Recuperación.
En la fase de alerta y seguimiento, correspondiente a la Situación Operativa 0 (SO-0), se identifican daños limitados o leves, donde se requiere un seguimiento y movilización mínima de recursos para garantizar la protección de la población. Esta fase se caracteriza por un funcionamiento ordinario de los servicios de Protección Civil, y puede incluir medidas preventivas para la autoprotección de los ciudadanos.
La fase de emergencia se divide en tres situaciones operativas. La Situación Operativa 1 (SO-1) permite que la administración local intervenga con sus propios medios. En la Situación Operativa 2 (SO-2), se activa el máximo nivel de emergencia autonómica, donde se puede solicitar apoyo de otras administraciones públicas.
Finalmente, la Situación Operativa 3 (SO-3) se refiere a emergencias de interés nacional, que son declaradas por el Ministerio del Interior. Tras la fase de emergencia, se inicia la fase de recuperación, que busca restablecer los servicios básicos en la zona afectada y puede coincidir con la fase de emergencia en algunas circunstancias
El sistema se rige por principios de colaboración, eficiencia y accesibilidad, permitiendo la participación de ciudadanos y entidades. Por otro lado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales han ejercido sus competencias en esta área, estableciendo sus propias normativas, creando servicios de protección civil específicos y formando órganos competentes para coordinar emergencias.
La gestión de la DANA que azotó Valencia y otras provincias ha desencadenado una intensa controversia política que merecerá ser analizada con detenimiento, aunque como hemos adelantado, ese no es nuestro objeto. Lo que sí está claro es que el suceso, que dejó un reguero de destrucción en varias provincias españolas, ha puesto de manifiesto las complejidades del sistema de respuesta ante emergencias.
La cronología de los acontecimientos resulta especialmente reveladora. Todo comenzó con una alerta roja emitida por la AEMET en las primeras horas de la mañana del día 29 de octubre, pero la respuesta institucional se demoró significativamente. El sistema de gestión de emergencias, aunque bien estructurado en teoría, mostró evidentes fisuras en la práctica.
Ante el riesgo de catástrofes, la normativa básica de protección civil establece las tres fases mencionadas anteriormente. La mayor parte de las acciones se llevan a cabo en la segunda fase, que es la de emergencia, la cual sigue a una fase inicial de prevención y precede a una fase final de recuperación. Estas fases definen el contexto en el que se desarrolla el debate político del momento. El marco normativo más relevante se recoge en el Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil (PLEGEM)[3].
La Ley 17/2015 establece las bases de esta normativa. De esta ley deriva la Norma Básica de Protección Civil, emitida mediante Real Decreto 524/2023 del 20 de junio de 2023, y sin olvidarnos de la Resolución de 31 de enero de 1995, de la Secretaría de Estado de interior, por la que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones.
La primera fase, como hemos dicho es la denominada alerta o preemergencia, contempla una única situación operativa SO-0, donde los servicios de protección civil funcionan de manera ordinaria y no se requiere la movilización de recursos adicionales, aunque pueden implementarse medidas preventivas para la protección y autoprotección de la población[4].
La segunda fase es la de emergencia, momento en el cual la autoridad autonómica o municipal, utilizando sus propios recursos, decide cómo abordar la situación[5]. Esta fase incluye tres situaciones operativas. La SO-1 solo requiere recursos locales del ayuntamiento o del gobierno autonómico. La SO-2 fue la que declaró la Generalitat Valenciana tras las 15:00 horas del trágico día 29, similar a otras Comunidades Autónomas, menos afectadas, pero también con víctimas.
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