Una de las cuestiones más candentes de la actualidad militar española es, cómo afrontar el inminente final de la vida operativa de los vetustos AV-8B Harrier II Plus de nuestra Marina. Ante la retirada de estos ilustres modelos se plantean dos opciones. Una, adquirir el sofisticado, caro y polémico F-35B, el único caza que por sus características de despegue en corto espacio y aterrizaje vertical podría operar en la simpar cubierta de vuelo disponible en la Armada, el buque «Juan Carlos I» manteniendo así viva el ala fija embarcada. La otra opción, sería renunciar a esta capacidad que tanto esfuerzo y dinero ha costado crear y mantener, en beneficio de otras opciones menos gravosas y tal vez más adecuadas a las necesidades de la Defensa. A continuación, se ofrecen unas reflexiones sobre cuál de estas alternativas sería más deseable.
Por ser ésta una cuestión referida a los medios con los que ha de contar nuestras Fuerzas Armadas se ha de tener presente la doctrina y los fines de la defensa en nuestra nación, cuyos principios rectores son los mismos que en cualquier otro país democrático miembro de la OTAN sin voluntad expansionista. La defensa ha de proporcionar la suficiente disuasión para tratar de prevenir un conflicto armado; debe además dar una respuesta con garantías ante las amenazas más evidentes y contar con la suficiente flexibilidad para poder adaptarse con solvencia a circunstancias sobrevenidas.
Los medios específicos de los que han de dotarse nuestras FF.AA. vienen determinados principalmente por dos factores: las inversiones en Defensa, que en última instancia deben ajustarse a la capacidad económica de la Nación; y la situación geopolítica de nuestro país, que tiene una gran área costera, islas alejadas del territorio continental y ciudades que hacen frontera con otra nación que las reclama. En el ámbito naval esto requiere suficientes recursos para la defensa de nuestras costas y la protección de la ZEE, para el abastecimiento de territorios insulares y cierta capacidad de proyección de fuerza, en un escenario en el que se requiriese desembarcar a la infantería de marina u otras unidades de refuerzo. Además, hay que tomar en consideración nuestros compromisos como miembros de la OTAN y de la UE en misiones internacionales de baja a media intensidad como pueda ser asistir en la libertad de navegación y en la lucha contra la piratería. Y en ese marco convendría valorar si hoy en día es realmente necesario contar con un ala fija embarcada.
Respecto a las amenazas más evidentes y posibles circunstancias sobrevenidas, cabe tomar en cuenta dos escenarios de intervención de nuestras fuerzas armadas:
Defensa de las Islas y sus recursos naturales
La toma por la fuerza de cualquiera de las grandes islas de soberanía española requeriría presumiblemente una operación anfibia, que es de las más complejas que pueden darse en el ámbito militar. Los países que sí podría llevar a cabo tal acción son aliados de España y otros países que pudieran tener esa pretensión actualmente carecen de dicha capacidad. Aunque sería imprudente descartar la posibilidad de un desembarco enemigo en territorio español, a corto y medio plazo parece más urgente centrarse en defender los recursos naturales próximos a las islas, o dar respuesta a otras formas asimétricas de conflicto, como los movimientos migratorios impulsados con fines desestabilizadores o con el propósito de ocupar demográficamente el territorio que se desee anexionar (la “marcha verde” es una experiencia histórica paradigmática que no debiera olvidarse).
Como en cualquier otro teatro de operaciones, en el marco insular, lo ideal para la defensa es una buena conjunción de las labores de los tres ejércitos. Una ventaja estratégica de las islas es que funcionan como grandes portaaviones a salvo de ser hundidos por fuerzas hostiles. Por ello, el Ejercito del Aire podría aportar una fuerza estacionada en tierra que, por cuestiones de logística; mantenimiento; capacidad de carga al despegue y cantidad y variedad de aviones, tendría muchas más posibilidades bélicas que la que ofrece un ala fija embarcada. Para la superioridad aérea a largo plazo en este teatro de operaciones, tendría más sentido dotarse de los F-35A, que de sus hermanos con capacidades aeronavales. Los primeros son más capaces, baratos de adquirir y económicos de mantener. Además, dicho modelo mejoraría notablemente las capacidades de ataque a tierra, aumentaría la superioridad aérea con las que cuenta actualmente el Ejército del Aire y con ello cumpliría mejor la función disuasoria. También entraría dentro de las tareas de esta rama de las Fuerzas Armadas contribuir a la vigilancia de las aguas territoriales (a poder ser mediante elementos no tripulados para ahorrar costes). En cuanto al Ejército de Tierra, ha de contar con suficiente presencia y preparación para ser una fuerza disuasoria. El material que se requiere para neutralizar una fuerza de desembarco es relativamente sencillo de adquirir. Lo importante es poder transportarlo rápidamente en caso de que aumentase una amenaza de este tipo.
Las anteriores consideraciones en última instancia requieren atenerse a las funciones principales que ha de cumplir la armada. Parece conveniente tomar en cuenta las siguientes:
- Patrullar la ZEE con regularidad para desincentivar incursiones no deseadas y hacer acto de presencia sin demora cuando fuese necesario. Aprovisionar y reforzar a las tropas estacionadas, para lo que se ha de contar con escoltas con capacidad de guerra antiaérea, de superficie, antisubmarina y con buques antiminas que despejen el camino a los navíos de suministro.
- La función disuasoria de la Armada se vería reforzada con una fuerza submarina capaz de operar de forma permanente tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico, lo que requeriría de al menos 6 unidades en el inventario. Los planes actuales de la Armada de dotarse solamente de 4 unidades de los recién estrenados S-80+ parecen insuficientes, más si tenemos en cuenta que la fecha prevista para la entrada en servicio de la última unidad de esta clase está prevista para 2028.
- Las capacidades aero-navales de la Armada por supuesto son fundamentales. Pero quizá sea más urgente que destinar recursos a mantener un ala fija embarcada, invertirlos en ampliar y modernizar las unidades destinadas a labores de Patrulla Marítima y en dotar de la necesaria ala rotatoria y de elementos no tripulados a los buques ya operativos. Por lo menos para el teatro de operaciones insular, este parece ser un enfoque correcto.
Ceuta, Melilla y los enclaves africanos
Ceuta y Melilla (y los enclaves españoles próximos a las costas africanas) son más vulnerables que las islas Canarias o Baleares. Recientemente se ha podido comprobar la capacidad de respuesta de las ciudades autónomas ante una crisis migratoria, presumiblemente organizada con propósitos desestabilizadores; experiencia de la que seguramente se ha tomado nota a ambos lados del estrecho de Gibraltar. Como cabe pensar, existirán previsiones para el hipotético caso de que en vez de una avalancha civil fuese un ejército el que desbordase las fronteras de estas ciudades. En caso de un ataque sorpresa a las ciudades autónomas, fletar una task force que incluya un ala fija embarcada, (suponiendo que estuviese operativa) puede introducir en dicho escenario un elemento muy atractivo de atacar y vulnerable, tanto a la fuerza aérea agresora (que podría ser más capaz que la naval debido a las ventajas que tiene operar con base en tierra) como a otras posibles amenazas. Ello acabaría obligando a destinar recursos de la fuerza aérea nacional a la protección de este grupo de operaciones, lo que supondría un error estratégico. Afortunadamente, Ceuta y Melilla están lo suficientemente cerca de la península para que sea el Ejército del Aire, apoyado por la capacidad antiaérea que ofrecen las fragatas, el que cumpla con la función de control del cielo y proporcione cobertura a las tropas estacionadas o de desembarco. Parece conveniente reforzar las capacidades de reabastecimiento de combustible, de alerta temprana, de transporte de tropas y de ataque a tierra vía misiles de crucero. El ahorro que supondría prescindir del ala fija embarcada podría destinarse a estas mejoras.
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