Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa: improvisación en estado puro

En las últimas horas, el Gobierno ha presentado su nuevo Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, anunciado ayer por Pedro Sánchez, en una rueda de prensa de la que ya se deducía que, en realidad, no hay ningún plan -valga la redundancia- tras el Plan. Por el contrario, lo que se trasluce tanto de las declaraciones del presidente del Gobierno, como del documento publicado hoy, es un alto grado de improvisación motivado por las presiones exteriores (OTAN, UE) y la falta de interés en la Defensa de un Ejecutivo que tiene su prioridad en la política interna y la supervivencia.

El Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa servirá para movilizar un total de 10.471 millones de euros a lo largo del presente 2025 para alcanzar el compromiso de invertir el 2% del PIB en defensa, conforme a los objetivos inmediatos impuestos desde la OTAN y la Unión Europea (UE) a los países más remisos a invertir en Defensa, entre los cuales España ocupa el lugar más destacado.

El plan, aparentemente, responde a un contexto global de creciente inestabilidad, marcado por la beligerancia rusa, la multiplicación de las amenazas híbridas (ciberataques, desinformación, drones), las tensiones y conflictos en regiones como el Sahel y, por supuesto, a los cambios en la política exterior de Estados Unidos. Eso es, al menos, lo que dice el texto. Su intención declarada pasa por garantizar la seguridad de España, consolidar su rol dentro de la UE y la OTAN, e impulsar la innovación tecnológica y la reindustrialización del país a través de la inversión en tecnologías de doble uso (militar y civil).

Desgraciadamente, al marcarse estos objetivos, el Gobierno que ha redactado el nuevo plan obvia por completo los objetivos reales que deben sustentar cualquier plan que pretenda mejorar las capacidades defensivas del país. Objetivos que no pueden existir si antes no se cuenta con una estrategia que los recoja. Eso sí, según se desprende del texto, el nuevo Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa persigue cinco objetivos prioritarios:

1. Modernizar las capacidades de defensa y disuasión: Garantizar la seguridad de la ciudadanía y el territorio frente a amenazas híbridas y cambios geopolíticos.
2. Consolidar el rol de España en la UE y la OTAN: Contribuir a un espacio comunitario de seguridad autónomo y puntero, capaz de enfrentar desafíos sin depender de terceros.
3. Impulsar la innovación tecnológica: Fomentar el desarrollo de tecnologías duales (IA, ciberseguridad, computación cuántica) para modernizar la economía y el tejido productivo.
4. Fortalecer la industria de defensa: Promover el crecimiento de grandes empresas y pymes, integrándolas en cadenas de valor europeas y eliminando dependencias externas bajo el principio de autonomía estratégica abierta.
5. Favorecer la cohesión territorial: Crear empleo y nuevas industrias en todas las Comunidades Autónomas, promoviendo la descentralización industrial.

Para ello, según se ha anunciado y se recoge en el documento. se destinarán durante 2025 un total de 10.471,14 millones de euros adicionales a Defensa, distribuidos en cinco partidas principales a las que hay que sumar fondos procedentes de los ajustes y devoluciones de una serie de créditos previos. La distribución del gasto, si es que consigue ejecutarse a tiempo, será la siguiente:

• Mejora de las condiciones laborales, preparación y equipamiento de las Fuerzas Armadas (3.712,49 M€, 35,45%):

  • Incremento de efectivos (2.400 nuevos) y retribuciones salariales.
  • Contribuciones al Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS).
  • Modernización de equipamientos (digitalización, vestuario, combustible).
  • Programas Especiales de Modernización (PEM) como el Sistema de Enseñanza Integrado en Vuelo Avanzado, helicópteros ligeros multipropósito, y entornos virtuales de ciberseguridad.

• Desarrollo y adquisición de tecnologías de telecomunicación y ciberseguridad (3.262,76 M€, 31,16%):

  • Modernización de comunicaciones cifradas, adquisición de satélites y radares.
  • Inversiones en IA, computación cuántica, 5G, y nube (NubeSARA, RedSARA).
  • Fortalecimiento de ciberseguridad (INCIBE, Centro Criptológico Nacional).
  • Proyectos como el Sistema Integral de Ciberseguridad Avanzada y conectividad multidisciplinar en seguridad aérea.
  • Apoyo a laboratorios IoT, cuántica, y SOC 5G.

• Fabricación o compra de instrumentos de defensa y disuasión (1.962,98 M€, 18,75%):

  • Desarrollo de vehículos de cadenas, modernización de aviones de combate y fragatas clase “Álvaro de Bazán”.
  • Construcción de un nuevo buque de aprovisionamiento para reemplazar el BAC Patiño.
  • Sistemas contra drones y tecnologías de onda electromagnética.

• Refuerzo de las Fuerzas Armadas en emergencias y desastres naturales (1.751,53 M€, 16,73%):

  • Ampliación de la flota de helicópteros de rescate y aviones cisterna.
  • Adquisición de vehículos lanzapuentes y un buque hidrográfico oceánico.
  • Infraestructuras polivalentes para crisis (inundaciones, incendios).
  • Aportaciones a DANA, emergencias y Ucrania.

• Mejora de la seguridad en misiones de paz en el exterior (328,74 M€, 3,14%):

  • Fortalecimiento de las 16 misiones internacionales bajo la UE, OTAN o ONU.

Ahora bien, los números necesitan siempre de una interpretación, sin la cual no son más que cifras vacías:

• La mayor partida se centra en mejorar las condiciones laborales, aumentar efectivos (2.400 nuevos), y modernizar equipamientos y formación. Aunque estas medidas son esenciales para homologar las Fuerzas Armadas españolas con estándares europeos en cuanto a salarios, la inversión en equipamiento específico (como digitalización o vestuario) es genérica y podría no abordar carencias críticas en sistemas de armas avanzados o capacidades de combate de alta intensidad. Además, el incremento en las plantillas es mínimo y no se han dado demasiados detalles sobre su distribución.

• La apuesta por la ciberseguridad, la IA, y las tecnologías duales es acertada (de hecho, lo más acertado del documento, aunque no viene motivado tanto por las preocupaciones del Gobierno en esta materia, como porque son apartados en los que es sencillo ejecutar rápidamente el gasto y además a través de empresas afines) dado el aumento de amenazas híbridas (ciberataques, desinformación). Sin embargo, la dispersión del mismo en proyectos como laboratorios IoT o criptografía post-cuántica podría diluir el impacto en capacidades operativas inmediatas, muy necesarias.

• La partida de dedicada a los instrumentos de «Defensa y Disuasión», que incluye la modernización de aviones, fragatas, y un nuevo buque de aprovisionamiento, es crucial para mantener capacidades operativas, cierto. Pero no es nada que no se hubiese hecho de otra forma. Además, su peso en relación con el conjunto es demasiado bajo, con lo que se está perdiendo una oportunidad de prepararse de verdad ante escenarios, como un conflicto de alta intensidad, que por primera vez en mucho tiempo ya no parecen imposibles.

• La asignación para helicópteros de rescate y buques hidrográficos refleja el compromiso de España con la seguridad interna o la gestión de crisis climáticas, siguiendo con la retórica empleada desde el Gobierno. Sin embargo, en un contexto de creciente beligerancia internacional, esta partida podría considerarse desproporcionada frente a la necesidad de nuevas capacidades de proyección, de ataque a larga distancia, a la de incrementar el tamaño de la Fuerza, la de mejorar la calidad de los materiales, etc.

El problema aquí no estriba tanto en el importante grado de ingeniería contable que ha tenido que realizar el Gobierno para cuadrar las cuentas, de forma que puedan obtenerse todas las nuevas partidas cumpliendo el compromiso (expresado ayer por Pedro Sánchez) de no acometer subidas de impuestos o afectar al gasto social, no. Tampoco en que no se invierta lo suficiente en capacidades.

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