La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) calcula que cada año se pescan ilegalmente unos 26 millones de toneladas de peces, lo que supone el 20% de la producción total del sector. Esta actividad delictiva engloba tres tipos de acciones distintas: la pesca ilegal propiamente dicha (la violación de la normativa de un país o de un acuerdo internacional), la pesca no declarada (no informar o desinformar respecto de las capturas realizadas) y la pesca no reglamentada (efectuada por buques sin nacionalidad o con pabellón de un Estado que no es parte de la organización regional que regula la pesca en dicha zona). Se calcula que esta pesca (llamada pesca INDNR por las siglas correspondientes a Ilegal, No Declarada y No Reglamentada) genera unos ingresos de unos 23.000 millones de dólares anuales.
Una reciente iniciativa, denominada Global Fishing Watch y desarrollada por Google, Oceana (organización dedicada a la protección de los océanos) y SkyTruth (expertos en tecnología satelital) ha llevado a cabo un amplio estudio, recopilando 22.000 millones de mensajes transmitidos a través del Sistema de Identificación Automática (AIS) de los buques. La investigación revisó los datos que entre los años 2012 y 2016 enviaron más de 70.000 pesqueros, responsables del 80% de las capturas globales. El análisis demostró que más del 55% de la superficie de los océanos es explotada de manera industrial. Entre sus conclusiones destaca que el 85% de los barcos que faenan en alta mar lo hacen bajo pabellón de China, Corea del Sur, España, Japón y Taiwán.
Pero su herramienta dispone aún de más información de interés. El mapa que ofrece, de acceso libre (https://globalfishingwatch.org/map/), realiza un seguimiento de los pesqueros casi a tiempo real (con apenas una hora de demora) y analiza datos históricos de los movimientos de los barcos desde 2012 hasta la actualidad. Se trata de una aplicación muy útil para conocer a los pesqueros que faenan ilegalmente, identificar las localizaciones donde se realizan transferencias de pescado a otros buques, así como para permitir a los gobiernos reconocer las áreas en las que deben concentrar sus esfuerzos de vigilancia y monitorización.
Sin embargo, también tiene su punto débil. Como hemos dicho, sus datos se recopilan tomando como fuente los mensajes transmitidos a través del AIS. Y debemos tener presente que el AIS no tienen por qué conectarlo todos los barcos: los más pequeños no tienen obligación de utilizarlo. Además, otras embarcaciones pueden decidir apagar el AIS con el fin de desarrollar actividades ilegales, lo que puede ocurrir en el caso de la pesca ilegal, el tráfico de personas o el narcotráfico: son los conocidos como “barcos fantasma”.
Por qué la pesca ilegal es una amenaza a la seguridad
En el informe Casting a Wider Net, publicado por el Centro Stimson en el año 2018, se considera que la pesca ilegal implica seis tipos de amenazas a la seguridad, dado que afecta al ámbito ecológico, a la seguridad económica y alimentaria, a la estabilidad política, a la piratería marítima y, además, tiene vínculos con el crimen organizado transnacional.
Seguridad ecológica: la FAO estima que el 90% de las poblaciones de peces se encuentran sobreexplotadas o al borde de la sobreexplotación. Con todo, hay analistas que creen que los datos de pesca ilegal de los que dispone la FAO no reflejan la realidad, dado que algunos estudios advierten de que las capturas reales de pesca entre los años 1950 y 2010 pudieron ser, en verdad, un 50% superiores a lo reportado por la FAO.
Esta realidad amenaza a la biodiversidad y a la propia cadena alimentaria de los océanos. Además, los pescadores implicados en la pesca INDNR suelen utilizar prácticas que maximizan las capturas, pero destruyen el ecosistema: por ejemplo, la pesca de arrastre de fondo, pesca con redes de cerco, con dinamita, con cianuro… Se trata de prácticas que matan de forma indiscriminada y que también suelen afectar a los arrecifes de coral.
Asimismo, la pesca INDNR también suele provocar, a su vez, una extensión de sus malas prácticas. Un ejemplo es China: desde la década de 1980 Pekín tuvo que implementar una serie de moratorias de pesca ante el agotamiento de los caladeros de sus propias aguas que quitó el sustento a sus pescadores locales. Sin embargo, como la demanda interna de pescado no dejaba de aumentar, el Gobierno chino acabó promoviendo subvenciones para que su flota operara en otros países.
Esta expansión de la flota pesquera china (calculada en unos 2.600 barcos) así como de sus prácticas poco sostenibles ha afectado notablemente a los caladeros de ciertas zonas, en particular, de África. También otros países asiáticos participan en este tipo de acciones, en concreto, Vietnam, Corea del Sur o Taiwán.
Seguridad económica: el informe Transnational Crime and the Developing World publicado en el año 2017 por la organización Global Financial Integrity calcula que las ganancias obtenidas por la pesca INDNR pueden oscilar entre los 15.500 y los 36.400 millones de dólares (muy por encima de los 23.000 millones calculados por la FAO) y estas cifras no incluirían las operaciones que se realizan en zonas no controladas. Por lo tanto, estamos hablando de las pérdidas económicas que genera esta actividad en muchos países que no disponen de medios para monitorizar y vigilar sus aguas y que, por lo tanto, se trata de ingresos que pierden en forma de impuestos, socavando la capacidad de los estados para dar servicios a su propia población.
Con frecuencia, son países con problemas de gobernanza y de corrupción, por lo que estas acciones empeoran aún más su situación interna, perjudicando a sectores como el de la pesca artesanal. Estos trabajadores locales ven cómo la sobrepesca reduce su propio medio de vida, debiendo buscar otras fuentes de ingresos. Esto puede conducirles a participar en actividades ilícitas: por ejemplo, en Sri Lanka antiguos pescadores han participado en la distribución de heroína y marihuana.
Por otra parte, es habitual que las flotas extranjeras que faenan en estos países no desembarquen sus capturas en los puertos de los mismos sino que lo hagan en buques congeladores, procesando el propio pescado en el mar. Esto repercute en la posible creación de empleo para los trabajadores locales de la industria pesquera de esos estados.
Seguridad alimentaria: según la FAO, la seguridad alimentaria “a nivel de individuo, hogar, nación y global, se consigue cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida activa y sana”. La disminución de las reservas de peces y el aumento de su demanda puede suponer una amenaza a dicha seguridad alimentaria.
En términos de consumo de pescado per cápita, este se ha más que duplicado, pasando de unos 9 kilos en 1961 a más de 20 kilos en 2013. Existe una correlación entre el aumento del nivel de vida de la población y el incremento de la demanda de pescado. Por ejemplo, en el caso de Asia las cifras se han casi triplicado entre ambas fechas, pasando de 7,81 kilos a 21,43 kilos. Es espectacular el caso chino, que ha multiplicado por siete el consumo: de apenas 5 kilos a casi 35 kilos por persona y año. Para poder comparar con un supuesto más próximo, en el caso de España la evolución ha sido de unos 25 a 42 kilos.
La FAO estimó en un informe de 2018 publicado bajo el título The state of world fisheries and aquaculture que el 17% de la población mundial depende del pescado como principal fuente de proteína animal. Esto es particularmente crítico en ciertos países insulares o costeros (Bangladesh, Camboya, Ghana, Indonesia, Sierra Leona y Sri Lanka) en los que esa dependencia puede superar el 50% de la población. La presencia de flotas pesqueras extranjeras en estos países reduce notablemente la capacidad para faenar de los pescadores artesnalaes, disminuyendo también el consumo local de pescado.
Estabilidad geopolítica: con frecuencia la pesca INDNR supone que los pescadores cruzan ilegalmente las aguas de otros países en los que no tienen licencia ni permiso para faenar. Estos estados pueden responder a esas acciones con multas y sanciones, pero, en ocasiones, la respuesta ha sido más violenta, generando tensiones geopolíticas.
Así, nos encontramos con incidentes de pesca INDNR relacionados con disputas por fronteras marítimas. Es el caso del mar del Sur de China, una región densamente poblada en la que la pesca ocupa un porcentaje significativo en el PIB de varios países asiáticos. De hecho, ya hace años que los investigadores Lydia Teh y Rashid Sumaila del Instituto de los Océanos y la Pesca de la Universidad Británica de Columbia calcularon que el sector pesquero genera unos 40 millones de empleos directos y otros 190 millones indirectos en esa zona.
De ahí, que en los últimos años se hayan reportado incidentes de pesqueros chinos que operan en esas aguas, en ocasiones, acompañados de buques de su propia guardia costera. Por su parte, Indonesia aprobó en 2014 una moratoria para evitar que pesqueros extranjeros faenen en sus aguas. Desde entonces, el Gobierno ha interceptado y hundido más de 500 barcos extranjeros de países vecinos como Vietnam, Filipinas, Malasia, China y Tailandia.
Otros países de la región, como Palau y Malasia, han comenzado a replicar las prácticas de Indonesia. De hecho, se han producido incidentes entre pesqueros chinos y las guardias costeras de Indonesia y Corea del Sur. También en 2016 la Guardia Costera argentina hundió un pesquero chino que había sido capturado pescando ilegalmente. No cabe descartar que estos incidentes acaben derivando en un aumento de las tensiones entre estos países.
Piratería marítima: en un contexto en el que la caída del régimen de Siad Barré en 1991 había convertido a Somalia en el estado fallido por excelencia, antiguos miembros de la guardia costera somalí decidieron dedicarse al secuestro de barcos y tripulaciones por los que obtuvieron más de 400 millones de dólares en rescates entre los años 2005 y 2012. Uno de los factores que promovió el surgimiento y explosión de la piratería somalí a principios de este siglo fue la pesca ilegal por parte de flotas extranjeras que se aprovechaban de la falta de vigilancia de las aguas somalíes (inmerso el país en una guerra civil permanente). Dicha pesca redujo las oportunidades de empleo de los pescadores locales y promovió que parte de ellos se convirtieran también en piratas como medio de vida alternativo.
También en el golfo de Guinea parece haber una correlación entre un aumento de la pesca ilegal por parte de flotas extranjeras y el incremento de las acciones de piratas locales, como pudimos ver en el número 10 de esta misma revista cuando analizamos la inseguridad marítima en el golfo de Guinea.
Crimen organizado: no es infrecuente que la pesca ilegal converja con otros delitos propios del crimen organizado (tráfico de personas, de emigrantes irregulares, de armas, de bienes ilícitos…). Así, se han reportado diversos casos en prácticamente todos los mares y océanos del mundo en los que un pesquero ha sido interceptado llevando a bordo cocaína, heroína o marihuana. En España cabe recordar, por ejemplo, el reciente caso ocurrido en aguas del estrecho de Gibraltar el pasado 23 de enero cuando se hundió el pesquero gaditano Rúa Mar, investigado por la Audiencia Nacional por tráfico de drogas. Aparecieron, cerca de la costa de Cádiz, los cadáveres de dos de las seis personas que iban a bordo (el capitán y un marinero). Ni el palangrero ni los otros cuatro marineros han podido ser localizados.
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