La Unión Europea decidió el pasado 31 de marzo poner en marcha la operación Irini (“paz” en griego). Con sede en Roma, la oficialmente denominada EUNAVFOR MED IRINI tiene como antecedente la poco exitosa operación EUNAVFOR MED SOPHIA, desplegada en junio de 2015 con la intención de combatir la inmigración ilegal en el Mediterráneo.

Desde su activación en octubre de ese año, la operación logró, según sus propios datos, “la detención y entrega a las autoridades italianas de 143 presuntos traficantes y tratantes, y ha neutralizado 545 embarcaciones. Además, la operación ha ayudado a salvar 44.251 vidas”^[1].

Sin embargo, la misión fue una nueva muestra de las divisiones europeas en el ámbito de la lucha contra la emigración irregular en el Mediterráneo. Qué se puede decir de una misión naval que se quedó sin buques de guerra para llevar a cabo su objetivo. Una misión con un gran objetivo (poner freno a las mafias del tráfico de personas en el antiguo Mare Nostrum) pero sin medios para hacerle frente.

Quizás su apartado más incisivo (la formación de los guardacostas libios) ha sido, a su vez, el más polémico con denuncias de organizaciones de derechos humanos por el trato que se dispensa a los emigrantes y refugiados capturados por Libia.

IRINI en vez de SOPHIA: más y nuevos objetivos

En la práctica, IRINI parece venir a sustituir la inacción de SOPHIA con el objetivo declarado de aplicar el embargo de armas de las Naciones Unidas con medios aéreos, satélites y recursos marítimos. Esto supone que “la misión podrá realizar inspecciones en alta mar, frente a las costas de Libia, de buques sobre los que existan motivos para creer que transportan armas o material conexo a Libia o desde su territorio, de conformidad con la Resolución 2292 (2016) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”. Para deshacerse de las armas incautadas, el navío debe dirigirse a un puerto de un Estado miembro, donde se almacenarán para su investigación o destrucción.

Además, se encomienda a IRINI los siguientes objetivos secundarios:

• someter a seguimiento y recopilar información sobre exportaciones ilícitas de petróleo, petróleo crudo y productos derivados del petróleo desde Libia,
• contribuir al desarrollo de capacidades y a la formación de la guardia costera y de la armada libias en lo relacionado con las tareas policiales en el mar,
• contribuir asimismo a la desarticulación del modelo de negocio de las redes de tráfico ilícito y trata de personas mediante la recopilación de información y patrullas aéreas.

Los costes previstos de la operación hasta su finalización (marzo de 2021) son de 9,8 millones de euros.

Como se puede observar, algunos de los objetivos (en particular, el relacionado con el desarrollo de capacidades y formación de los efectivos libios) provienen de la anterior misión SOPHIA y, en todo caso, no parecen sencillos de cumplir. Y, al menos, a primera vista se adivina la necesidad de un despliegue aeronaval notable para su implementación.

¿Más medios?

Tras finalizar la primera conferencia de generación de fuerza de la misión el 28 de abril, el comandante de la misma afirmaba que ya estaban en condiciones de desplegar las primeras unidades y que otras más se unirán a la operación en las siguientes semanas y meses.

Sin embargo, la primera actividad en el mar por parte de la misión se produce el 4 de mayo cuando se despliega la fragata francesa Jean Bart y un avión de patrulla marítima luxemburgués. Para el 7 de mayo desde la cuenta de twitter de IRINI se anuncia que la operación dispondrá de tres buques (francés, griego e italiano) y otros tantos medios aéreos, además de unidades asociadas no directamente desplegadas con la operación. También se afirma en un comunicado publicado para entonces que se dispondrá de medios submarinos y drones.

Según la propia web de la misión, los países que en principio desplegarán medios serán Francia, Alemania, Grecia, Italia, Luxemburgo, Malta y Polonia. Además, aportarán personal Alemania, Austria, Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía y Suecia^[2]. En total, más de una veintena de estados miembros de la Unión Europea (UE).

Para el 9 de mayo un vídeo de la operación publicado en Youtube anuncia, de nuevo, que pronto se incorporará un navío italiano y otro griego. Sin embargo, en la práctica sólo hubo dos navíos (el francés Jean Bart y la fragata griega Hydra) desplegados a la vez durante apenas dos semanas (del 14 al 28 de mayo). Hasta mediados de junio, la operación habría detenido más de 130 buques, 100 de ellos en presunta violación del embargo de armas. Para inicios del mes de julio se confirma el despliegue de un navío y tres aviones.

En resumen: más de 20 países participantes no son capaces de reunir los tres buques de guerra anunciados. Y con estos medios se pretende controlar no sólo el embargo de armas a Libia sino también el tráfico irregular de personas y de crudo.

Sin embargo, como bien advierte un reciente análisis del International Institute for Strategies Studies (IISS), “la cantidad de armamento transferido a Libia sigue siendo significativa, y el impacto de Irini es limitado, sin que se haya incautado ningún armamento”, aunque el papel de la misión en las actividades de monitorización y registro no deba minusvalorarse^[3]. El mismo análisis señala, oportunamente, aquellos medios militares que disponen los países que podrían contribuir de forma preferente a la operación:

Parece obvio que medios materiales existen, pero también que falta voluntad política. A ello hay que sumar la presencia de distintas unidades europeas en misiones como la vigilancia en el estrecho de Ormuz, la operación Atalanta frente a la piratería somalí o el despliegue en el golfo de Guinea para hacer frente, allí también, a los actos de piratería en la región. El análisis del IISS plantea una mayor participación de la OTAN para reforzar los medios desplegados, pero señala, con acierto, que Turquía podría obstaculizar una cooperación más estrecha entre la UE y la OTAN en Libia.

De hecho, algunos analistas señalan que, en buena medida, IRINI pretende hacer frente a la presencia turca en el país norteafricano. En este contexto, el desafío de la pandemia del COVID no ayuda a incrementar el despliegue de unidades navales en la zona, como hemos visto recientemente con varios navíos varados ante la afección del virus a efectivos de sus dotaciones e, incluso, el relevo de Brett E. Crozier, capitán del portaaviones norteamericano Theodore Roosevelt por hacer pública su petición de ayuda a sus mandos^[4].

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