Venezuela acaba de vivir un nuevo episodio esperpéntico donde lo que se suponía iba a ser un acto de fuerza sólo sirvió para exponer, una vez más, la debilidad, los defectos y las contradicciones de la oposición, regalando un victoria mediática al régimen chavista. Un grupo de opositores planeó desembarcar en la costa venezolana, precisamente en mitad de un periodo de tensión entre el gobierno venezolano y Estados Unidos en el Mar Caribe. El objetivo de la operación era dar un golpe de mano en Caracas, justo días después de que el plan hubiera sido revelado por un reportaje de la agencia de prensa Associated Press y meses después de que figuras del chavismo hubiesen mostrado en televisión que las autoridades venezolanas conocían tanto la identidad de los personajes clave de la trama, como su organigrama.
La Operación GEDEÓN pasará a la historia de Venezuela como otro intento más de la oposición de empuñar las armas con más voluntad y razón que recursos, información y combatientes. Las claras señales de que el plan estaba condenado al fracaso eran públicas y notorias desde antes de su puesta en práctica. Sin embargo sus cabecillas siguieron adelante, no sabiendo o no pudiendo poner en práctica las más elementales prácticas de contrainteligencia, condenando a sus participantes a la muerte y la cárcel. Y dejando por el camino unos cuantos interrogantes sobre la responsabilidad última.
Antecedentes
El 27 de junio de 2017 Óscar Alberto Pérez se apoderó de un helicóptero MBB Bö-105CBS del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Venezuela, organismo en el que servía como inspector y de cuya Brigada de Acciones Especiales (BAE) había formado parte. Óscar Alberto Pérez era un personaje peculiar, amante de la atención pública. Había aparecido como protagonista de una película que él mismo había coproducido y en las redes sociales parecía ser un aspirante a actor-modelo. Aquel día sobrevoló varios edificios oficiales de Caracas con una pancarta colgada del helicóptero que rezaba “350 Libertad”, en referencia al artículo 350º de la Constitución de Venezuela que legitima el alzamiento frente a la tiranía.
Según las autoridades venezolanas, la acción del 27 de junio constituyó un ataque terrorista en el que se emplearon armas y explosivos. No hay constancia de víctimas. Después de aquel día, Óscar Alberto Pérez pasó a la clandestinidad. Repareció en una manifestación de la oposición el 13 de julio de 2017 en Caracas. Participó además con otras siete personas en el asalto de un cuartel de la Guardia Nacional en Laguneta de La Montaña (Estado Miranda) el 18 de diciembre de 2017. La acción, bautizada Operación GÉNESIS, se saldó sin víctimas y parece que tuvo como objetivo robar armas y munición.
Desde su salto a la luz pública, Óscar Alberto Pérez usó las redes sociales para hacer llamamientos desde la clandestinidad y en nombre del Movimiento Equilibrio Nacional a la sociedad venezolana, convocando a alzarse contra el gobierno de Nicolás Maduro. Fue considerado entonces el “más buscado” por la justicia venezolana, acusado de cargos de terrorismo. El día 15 de enero de 2018 publicó su último vídeo grabado en una vivienda ubicada en El Junquito, en el extremo oriental del Distrito Capital de Venezuela, donde permanecía escondido con otras seis personas. Óscar Alberto Pérez informó que la casa estaba rodeada por las fuerzas de seguridad venezolanas y que se disponía a entregarse. No salió de allí con vida.
El asalto a la casa que servía de refugio a Óscar Alberto Pérez fue denominado Operación GEDEÓN y en ella participaron fuerzas militares y policiales que sumaban uno 500 efectivos. La casa fue atacada con lanzagranadas RPG y al menos un vehículo blindado BTR-80A del ejército abrió fuego contra la vivienda. Según las autoridades, los ocupantes de la casa abrieron fuego en medio de las negociaciones, lo que justificó romper el alto el fuego y proceder al asalto final. Murieron los siete ocupantes de la casa, un policía y un miembro del colectivo armado Tres Raíces del barrio 23 de Enero de Caracas, integrado en el dispositivo policial. La autopsia de seis de los siete ocupantes de la casa reflejó como causa de la muerte un disparo en la frente, posiblemente como parte de ejecuciones extrajudiciales [Nota 1].
En la mañana del 30 de abril de 2019 los líderes opositores Juan Guaidó y Leopoldo López se dirigieron al país llamando a la población venezolana a movilizarse contra el gobierno de Nicolás Maduro. Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, se había proclamada el 23 de enero de aquel año “presidente encargado” apelando al artículo 233º de la Constitución de Venezuela. Este atribuye al presidente de la cámara la potestad de encargarse de la Presidencia de la República en caso de “falta absoluta” de quien ocupe ese cargo, siempre que se den ciertas circunstancias [Nota 2]. López, por su parte, había permanecido hasta aquel día bajo arresto domiciliario. Militares leales a Guaidó le habían liberado para lanzar una acción bautizada Operación LIBERTAD.
Leopoldo López anunció en Twitter aquella mañana que estaba en la base de La Carlota, un aeropuerto militar en medio de Caracas. Acompañaban a Guaidó y López un grupo reducido de militares y guardias nacionales. El estudio de las imágenes y vídeos permitió saber que los líderes opositores no estaban dentro de la base militar, sino que en realidad estaban en un nudo de autopistas cercano conocido como el Distribuidor Altamira [Nota 3]. El esperado movimiento desde dentro de las fuerzas armadas venezolanas no se produjo y el día se saldó con varios manifestantes tiroteados en varios lugares del país.
Después de los acontecimientos del 30 de abril de 2019, Leopoldo López terminaría refugiado en la Embajada de España en Caracas, mientras que 16 militares insurrectos lo harían en la Embajada de Panamá. Estos últimos lograrían a finales de año alcanzar Colombia, país al que había estado llegando, desde una serie de incidentes en febrero de 2019 en la frontera, un flujo de militares desafectos al régimen. Los acontecimientos posteriores harían sospechar a la oposición venezolana que en el flujo de militares venezolanos exiliados en Colombia se infiltrarían algunos al servicio de los servicios de inteligencia. Los militares venezolanos en servicio huidos a Colombia trataron durante un tiempo de mantener algún tipo de orden y jerarquía, pero el paso del tiempo los dejó olvidados y en una situación precaria.
Tanto las acciones de Óscar Alberto Pérez el 27 de junio de 2017, como la acción de los líderes opositores Guaidó y López el 30 de abril de 2019, causaron desconcierto y perplejidad en la oposición venezolana. El sobrevuelo de edificios públicos en el centro de Caracas a bordo de un helicóptero de Óscar Alberto Pérez fue tan llamativo como inútil. La calificación de la acción como un acto de terrorismo por parte del gobierno llevó a algunos a pensar que se había tratado de una acción de falsa bandera urdida por el propio gobierno venezolano para aumentar la represión contra la oposición. La actividad insurgente de Óscar Alberto Pérez y su Movimiento Equilibrio Nacional desmentiría la hipótesis.
En cuanto a los acontecimientos del 30 de abril de 2019, hubo varias hipótesis. Se especuló que el temor a una inminente detención de Juan Guaidó precipitó un pronunciamiento que iba a contar con el respaldo de un sector de las fuerzas armadas. Sin embargo, la acción precipitada e improvisada del 30 de abril habría inhibido de significarse al sector de las fuerzas armadas dispuesto a unirse a la oposición. También se especuló que las informaciones llegadas a la oposición de un alzamiento militar contra el gobierno había sido una intoxicación de los servicios de inteligencia para incitar a los líderes de la oposición a dar un paso en falso. Como sucedería con los acontecimientos de principios de mayo de 2020, la explicación más plausible para un sector de la sociedad venezolana de por qué todas aquellas acciones habían concluido con una fácil victoria mediática para al régimen era que se trataban en realidad de acciones de falsa bandera o acciones impulsadas por agentes de la inteligencia venezolana infiltradas en la oposición. La teoría de la conspiración era una alternativa a asumir los errores de la oposición.
La muerte de Óscar Alberto Pérez y el fallido alzamiento del 30 de abril de 2019 nos dejaron el nombre de Operación GEDEÓN y un buen número de militares y guardias nacionales venezolanos abandonados a su suerte en Colombia. Ambos elementos se unirían en el último episodio vivido en Venezuela.
Un fracaso anunciado
El 1 de mayo de 2020 la agencia de noticias estadounidense Associated Press (AP) publicó el reportaje “Ex-Green Beret led failed attempt to oust Venezuela’s Maduro”, firmado en Miami por el periodista Joshua Goodman. El reportaje contaba el colapso de un plan para infiltrar a un grupo de opositores armados en Venezuela por culpa de la “escasa planificación, las peleas entre políticos de la oposición y una fuerza pobremente entrenada”. La crisis del coronavirus había paralizado los planes y los 300 voluntarios venezolanos, repartidos en tres campamentos en el departamento colombiano de La Guajira, habían sido abandonados a su suerte. Un ciudadano estadounidense que había estado en los campamentos describía a los militares venezolanos en Colombia como “hambrientos” y “carantes de entrenamiento”, esperando el material militar prometido que nunca llegaba. De hecho, un cargamento con material militar por valor de 150.000 dólares había sido interceptado en marzo de 2020 por las autoridades colombianas. Para colmo, el líder de la trama venezolana, el general Clíver Alcalá, se había entregado ese mismo mes a la DEA en Colombia, tras una orden de búsqueda y captura que lo había colocado en la lista de los cinco venezolanos más búscados por Estados Unidos, como se ve en la imagen.
En su reportaje, Joshua Goodman afirmaba que el plan “no tenían ninguna oportunidad de triunfar”. Sus impulsores habían buscado sin éxito apoyo económico entre la oposición venezolana en Colombia. Tampoco parecía que los gobiernos estadounidense o colombiano hubieran mostrado apoyo alguno a la iniciativa. Todo parecía indicar que era un plan que había colapsado antes de ser puesto en marcha. Sin embargo, los acontecimientos se precipitaron días después.
En la madrugada del 3 de mayo una operación de las fuerzas de seguridad venezolanas en la localidad de Macuto, en el Estado La Guaira, en la que intervino un helicóptero y hubo disparos, se saldó con seis muertos y dos detenidos. Los medios oficiales venezolanos hablaron de una «incursión frustrada de terroristas por el Estado La Guaira». En Macuto, apareció una embarcacion pequeña en la playa, mientras que en una vivienda cercana fueron incautados sendos vehículos tipo pick-up Ford y Toyota pintados en color negro mate y con un afuste dispuesto en la plataforma de carga con una ametralladoras FN MAG. En el lugar apareció un fusil AR-57, un arma peculiar que combina un cajón de mecanismos del fusil AR-15 con una parte superior que integra el cargador del FN P90. El AR-57 encontrado estaba decorado exactamente igual que un arma que había sido vista en el Intercambiador Altamira de Caracas el día 30 de abril de 2019 en manos de un militar que había participado en la Operación LIBERTAD.
Al día siguiente, el día 4 de mayo una embarcacion ligera fue interceptado cerca de Playa Chuao, en el Estado Aragua. Este grupo incluía a dos ciudadanos estadounidenses. En la operación participó un Bell 412EP del Comando de la Aviación Naval, que trasladó a uno de los detenidos a la base naval de Puerto Cabello.
En la tarde del día 4 de mayo dos personas más, portando material militar, fueron detenidas cerca de Puerto Cruz, Estado La Guaira. Entre el material incautado se encontraron chalecos tácticos en camuflaje Multicam, un fusil de airsoft tipo AR-15, radios sin cifrar Motorola, máscaras de plástico, cargadores de gran capacidad Beta C-Mag, etc.
Los acontecimientos en la costa de Venezuela tuvieron pronta explicación. El primer día, el 3 de mayo, apareció un vídeo donde aparecía Javier Nieto Quintero, antiguo capitán de la Guardia Nacional, acompañado de Jordan Goudreau, veterano de guerra y director de una empresa de seguridad. Según Goudreau, en el momento de difundirse el vídeo habría tenido lugar un «atrevido raid anfibio» lanzado desde Colombia hacia el «corazón profundo de Caracas» y estarían teniendo lugar combates en Venezuela, con la participación de células activadas en el oste, sur y este del país. Por su parte Javier Nieto Quintero identificaba la iniciativa como la Operación GEDEÓN y anunciaba que el objetivo era «captura de la organización criminal que hoy desafortunadamente dirige los destinos de la nación», haciendo además referencia al artículo 350º de la constitución venezolana. El vídeo había sido grabado en Estados Unidos, lejos de la acción, posiblemente en Florida donde ambos residen.
En un segundo vídeo, probablemente grabado en las sabanas del departamento colombiano de La Guajira, se presentaban varios de los cabecillas de los militares y guardias nacionales venezolanos exiliados en Colombia, dando nombre, rango y cuerpo, acompañados por personal uniformado en camuflaje Multicam, más adecuado para las sabanas del norte de Colombia que para la Cordillera de la Costa venezolana, a cuyos pies habían desembarcado los dos grupos. En el vídeo, Antonio José Sequea Torres, antiguo capitán de la Guardia Nacional se presentaba como “comandante de la operación”, luciendo un brazalete azul, tal como habían usado los partidarios de Guaidó el 30 de abril de 2019. El vídeo mostraba en su cabecera una imagen de Óscar Alberto Pérez antes del asalto final a la casa donde se escondía e imágenes de los militares que estuvieron en el Distribuidor Altamira de Caracas junto con Juan Guaidó y Leopoldo López. De eso modo la Operación GEDEÓN conectaba con anteriores episodios de toma de las armas por parte de militares y guardias nacionales venezolanos.
La conexión estadounidense
Jordan Goudreau, el estadounidense que había dado la cara el día 3 de mayo, había aparecido como la figura central en el reportaje de Joshua Goodman para Associated Press. Nacido en Canadá, había servido en el 10th Special Forces Group del ejército estadounidense, donde había llegado a ser sargento 1º. Era veterano de las guerras de Afganistán e Iraq, habiendo sido condecorado con la Estrella de Bronce en tres ocasiones. En 2018 creó en Florida la empresa de seguridad Silvercorp. En su página web ofrece servicios en campos como el “liderazgo de proyectos complejos” y la “mitigación de desastres”, algo habitual en las empresas del sector que usan siempre términos vagos y eufemísticos. La oficina de la empresa parece ser un local modesto. Mientras que algunas secciones de la página web son un copia-pega de las páginas webs de otras empresas. Por ejemplo, quien creó la sección Términos de Servicio se olvidó de cambiar el nombre de la empresa plagiada, MasterClass, que aparece varias veces.
La empresa cuenta con perfil de perfil de Instagram, donde podemos ver repetidas fotos de propio Jordan Goudreau, incluyendo una con el torso desnudo en su época de militar, junto a varias fotos con frases motivacionales de superación personal y versos bíblicos. Una de las líneas de negocio que Silvercorp intentó abrir fue la formación de profesores para hacer frente a los tiroteos en centros educativos, tal como aparece en un vídeo promocional lleno de clichés y que emplea vídeo de stock.
Silvercorp había sido contratado para proporcionar seguridad en un evento del presidente Donald Trump en Charlotte (Carolina del Norte) en noviembre de 2018. La foto en el perfil de Instagram de la empresa ha sido borrada, aunque hay medios que han guardado capturas, además de que otros medios han revisado vídeos del evento para comprobar que efectivamente Jordan Goudreau estuvo allí trabajando en labores de seguridad. Otra foto borrada del perfil de Instagram de la empresa mostraba a Jordan Goudreau y lo que podrían ser empleados de la empresa en una mesa del restaurante Burger Theory de Houston (Texas). La fecha de la foto es próxima a la fecha en que Donald Trump llevó a cabo un acto público en la ciudad durante las elecciones a mitad de legislatura de 2018.
Jordan Goudreau habría conocido a personajes de la oposición venezolana exiliados en Estados Unidos a través de Keith Schiller, durante años guardaespaldas personal de Donald Trump. Schiller habría servido de conexión entre Silvercorp y Lester Toledo, parte del equipo de Juan Guaidó y coordinador del reparto de ayuda humintaria en Venezuela. Así, Silvercorp habría conseguido un contrato para proporcionar seguridad en el concierto Venezuela Aid Live, celebrado en Colombia en febrero de 2019, tal como muestra un vídeo publicado en Instagram.
Según Ben Makuch en Vice.com, fue en mayo de 2019 cuando Jordan Goudreau se reunió en Miami con representantes de Juan Guaidó por pimera vez. Aquella relación llevaría a que Goudreau pudiera presentar en septiembre el proyecto de la Operación RESOLUTION, cuyo “objetivo primario” era “capturar, detener, quitar del poder a Nicolás Maduro”.Comenzaron entonces unas negocaciones, según recogen Anthony Faiola, Karen DeYoung y Ana Vanessa Herrero en un reportaje del Washington Post de boca del asesor político venozolano J.J. Rendón, miembro entonces del Comité de Estrategia del gobierno interino de Juan Guaidó. Al parecer, Jordan Goudreau habrían capitalizado su experiencia presetando servicios de seguridad para Donald Trump ante la oposición venezolana como una vía de comunicación directa abierta con la Casa Blanca.
Después de años de protestas y manifestaciones, la oposición venezolana había terminado por asumir que el cambio de régimen sólo iba a tener lugar por la fuerza. El entorno de Guaidó exploró el mercado. La idea de deponer a Nicolás Maduro por la fuerza circulaba por ciertos círuclos de Washington. Según cuenta David Brennan en Newsweek, Erick Prince, el célebre fundador de desaparecida Blackwater, había intentado vender el proyecto de crear un «evento dinámico» en Venezuela que desequilibrara la balanza a favor de la oposición, empleando a 5.000 combatientes por 40 millones de dólares. Sin embargo, el precio de mercado que el entorno de Guaidó se encontró, según el reportaje del Washington Post, fue muy superior: 500 millones de dólares. J. J. Rendón le contó a The Guardian que hubo empresas que pidieron 1.000 y hasta 1.500 millones de dólares.
La propuesta de Silvercorp fue valorada y aceptada por ser más económica de todas: 212,9 millones de dólares. Parte de los beneficios a obtener por Silvercorp vendrían de las montañas de dinero en metálico, que al parecer, figuras del régimen mantenían escondidas en Venezuela. La empresa tendría derecho a un porcentaje del dinero incautado.
El 16 de octubre de 2019 Jordan Goudreau como CEO de Silvercorp firmó un contrato de “servicios generales” con representantes de Guaidó. El contrato tenía 8 páginas y un anexo de 41, difundidos ambos casi en su totalidad por The Washington Post. El acuerdo estipulaba un adelanto de 1,5 millones de dólares y una duración de la presentación de servicios de 492 días. Sin embargo, según Rendón la relación con Goudreau se deterioró rápidamente y sólo se le entregaron 50.000 dólares. Después de los acontecimientos de principio de mayo de 2020 en Venezuela ambos se han lanzado acusaciones en los medios de comunicación.
Según J. J. Rendón, todo lo expresado en los documentos firmados era orientativo y exploratorio, supeditado al estudio de las ramificaciones jurídicas que legitimaran el cambio de régimen y a la búsqueda de patrocinadoes del proyecto. A Goudreau, además, se le habría dado la orden de no seguir adelante. Y debía ser labor suya encontrar patrocinador. Según Goudreau, la oposición había incumplido un contrato en vigor del que Juan Guaidó estaba al corriente, mostrando una grabación hecha con su móvil que recoge el sonido ambiente del momento de la firma del contrato durante el que Juan Guaidó supuestamente participó vía videoconferencia [Nota 4].
La Operación RESOLUTION quedó aparcada. El entorno de Guaidó y Silvercorp rompieron el contacto en noviembre de 2019. Pero Goudreau siguió adelante gracias a un nuevos contacto en Colombia: Clíver Alcalá, que en sus tiempos de general del ejército venezolano había sido acusado desde Estados Unidos de negociar la entrega de misiles tierra-aire portátiles a las FARC a cambio de droga. Clíver Alcalá formaba parte de la comunidad de venezolanos exiliados en Colombia y estaba en contacto con una red de antiguos militares dispuestos a empuñar las armas contra el régimen venezolano, muchos de ellos participantes en la Operación LIBERTAD del 30 de abril de 2019. Clíver Alcalá había concebido lanzar una insurgencia en el Estado Zulia, la región más occidental de Venezuela, fronteriza con Colombia y rica en petróleo. Goudreau y Alcalá fusionaron por sus planes.
Para decepción de Goudreau, no apareció ningún gran patrocinador para su iniciativa y se tuvo que conformar, según él, con pequeñas aportaciones de la comunidad venezolana en Colombia. Las precarias condiciones de vida de los campamentos de la oposición venezolana, incluyendo un grupo malviviendo en un cementerio, generó un flujo de abandonos.
El 26 de marzo de 2020 el ministro de Información, Jorge Rodríguez, presentó en televisión un organigrama de los militares opositores en Colombia, mencionando tres campamentos de entrenamiento y nombró a los líderes venezolanos de los tres campamanetos. Además mencionó la presencia de tres instructores estadounidenses, nombrándolos como Jordan, Luke y Airan [Nota 5].
Diosdado Cabello, considerado el número 2 del régimen, habló de Jordan Goudreau y su empresa Silvercorp en una edición especial del programa de televisión “Con el mazo dando” el 28 de marzo de 2020 [Nota 6]. Mostró a cámara dos fotos del perfil de Instagram de la empresa. Una donde aparece Jordan Goudreau en el escenario del concierto Venezuela Aid Live celebrado en Colombia en febrero de 2019 y otra en un evento público de Donald Trump. Cabello relacionó a Goudreau con Clíver Alcalá y atribuyó la pista de la información a los “patriotas cooperantes”.
Antecedentes sospechosos
En los meses anteriores al desembarco de los opositores en la costa venezolana, sucedieron varios incidentes que sólo han cobrado sentido ahora, tras los acontecimientos del 3 y 4 de mayo en Venezuela. El gobierno venezolano hace mención con frecuencia a conspiraciones golpistas manejadas por Estados Unidos desde la sombra y preparadas en Colombia, así que para el observador habitual de Venezuela las señales se perdieron entre el ruido.
El 23 de marzo fue detenido Jorge Molinares por la policía en la carretera entre Barranquilla y Riohacha, en el norte de Colombia, cuando llevaba un cargamento que incluía 26 fusiles tipo AR-15, gafas de visión nocturna, radios, gafas de visión nocturna, etc. El detenido declaró que había acordado entregar el cargamento a alguien con el alias “Pantera”. Ese nombre reaparecería el 3 de mayo. El suceso fue relacionado en Venezuela con “planes golpistas” en el país. Clíver Alcalá haría mención al cargamento en un vídeo publicado en su perfil personal de Twitter, el 26 de marzo relacionándolo con un “convenio firmado por el presidente Guaidó” y en el que participaban J. J. Rendón y “asesores norteamericanos”.
Pasada la medianoche del 30 de marzo de 2020, el buque de pasajeros de bandera portuguesa RGCS “Resolute” abordó al patrullero venezolano GC-23 “Naiguatá”, construido en España por Navantia. El RGCS “Resolute” procedía de Argentina e iba rumbo a Curazao. Se había mantenido cerca de la isla venezolana de La Tortuga, efectuando reparaciones cuando fue apremiado desde el “Naiguatá” a permitir una inspección. La negativa del RGCS “Resolute” llevó a una persecución donde se efectuaron disparos, al menos de fusilería. El RGCS “Resolute” es un buque especializado en cruceros polares. Fue construido en Finlandia, cuenta con 8.000 toneladas de desplazamiento y gracias a su casco reforzado está certificado como Clase Polar 6. Al embestir al “Naiguatá sólo sufrió ligeros desperfectos en su proa. El “Naiguatá” en cambio, con sus 1.500 toneladas de desplazamiento, terminó en el fondo del mar Caribe.
Sebastiana Barráez desde Caracas para el portal argentino Infobae.com calificó el incidente de “misterio” pocos días después. Ahora es posible especular si la armada venezolana estaba a la espera de un desembarco y en aquel contexto el comportamiento del “Resolute” levantó sospechosas. La presencia de botes neumáticos sobre la cubierta, que en la publicidad de los cruceros antárticos aparecen paseando a los pasajeros, se relacionó con posibles desembarcos de comandos.
En torno el día 24 de abril comenzaron a establecerse obstáculos y controles en diversas rutas que conectan el área metropolitana de Caracas con el resto del país. Así tuvo lugar la colocación de contenedores a modo de barricada en la autopista Caracas-La Guaira, situada al norte de Caracas y que conecta la capital con la costa. Iván Simonovis, miembro del gobierno interino de Juan Guaidó, compartió una foto en Twitter con la frase “lo que va a pasar es indetenible”. Aparecieron controles policiales en el túnel de los Ocumitos, al sur de Caracas, y en el túnel de Turumo, al oeste de Caracas., También tuvo lugar un bloqueo de la Guardia Nacional en el kilómetro 4 de la carretera Panamericana en el Estado Miranda, que conecta Caracas con el oeste del país.
El día 24 de abril transcendería la detención de varios miembros de la Guardia Nacional en un acuertalamiento en Los Teques, Estado Miranda, en relación a un robo de armas y una supuesta trama golpista en el que se producirían desembarcos en el Estado Falcón (al noreste del país) y en el Estado La Guaira, al norte de Caracas.
La cuenta opositora CARIVE15 publicaría en Twitter el día 26 de abril la foto de varios de los bloqueos de vías de comunicación en un montaje fotógrafico con el título “El Régimen lo sabe” y que incluía varias fotos alusivas a una intervención militar externa. Esa cuenta será la cuenta oficial de la Operación GEDEÓN. En una entrevista publicada el 4 de mayo, Javier Nieto Quintero, la persona que apareció al lado de Jordan Goudreau en un vídeo anunciando la operación, se identificaría como un líder del colectivo CARIVE (Coalición Activa de la Reserva Internacional Venezolana) y administrador de la cuenta.
Por último, las embarcaciones interceptoras “Pacairigua” y “Tocuyo” fueron trasladadas hasta La Guaira desde Güiria en el Estado Sucre a bordo del transporte T-91 “Los Frailes” a finales del mes. Fue en la costa de La Guaira desembarcó el primer grupo de la Operación Gedeón el día de 3 mayo.
La segunda Operación GEDEÓN
En diciembre de 2019, la empresa Silvercorp adquirió una embarcación con casco de fibra de vidrio de 41 pies, según pudo averiguar Joshua Goodman para la agencia AP, que fue registrada en Florida. La empresa cursó los trámites en febrero de 2020 para instalar un sistema de navegación que le permitiera realizar viajes de larga distancia fuera de Estados Unidos. Jordan Goudreau trató de reclutar a antiguos miembros de las fuerzas especiales estadounidenses mostrando un contrato firmado con la oposición venezolana para un plan de infiltración en el país que tendría lugar en marzo de 2020.
Al igual que Silvercorp, tiene su sede en Florida la empresa de material militar y policial High-End Defense Solutions, propiedad de un emigrante venezolano. 15 cascos de color marrón fabricados por esta empresa aparecieron en el cargamento de material militar incautado en marzo por las autoridades colombianas y del que Clíver Alcalá se responsabilizó.
Se especula que Jordan Goudreau empleó la embarcación comprada en diciembre de 2019 para trasladar a Colombia material militar y estaría en marcha una investigación de las autoridades estadounideness por tráfico de armas. Hay constancia de su paso por Jamaica. El 28 de marzo de 2020 la embarcación estaba cerca de la isla de Curazao cuando sufrió una avería y activó una radio-baliza para ser rescatada. Jordan Goudreau tuvo que retornar a Florida. Allí le alcanzó la crisis del coronavirus y ya no pudo salir del país.
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