En las últimas semanas, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha vuelto a saltar a la luz pública, tras descubrirse que dos de sus agentes trabajaban para una agencia extranjera a cambio de dinero. Este último escándalo ha vuelto a poner entredicho la labor de una institución que, como todas las del ramo, es tanto más eficaz cuanto menos se hable de ella. A pesar de la polémica, que se suma a otras anteriores como las relacionadas con el «caso Pegasus» o el ex espía Roberto Flórez, la institución continúa mejorando sus controles internos y estableciendo nuevos mecanismos para minimizar la posibilidad de que sucesos como estos vuelvan a repetirse, por difícil que sea conseguirlo.
La carrera en el Centro es más que un trabajo: es un estilo de vida en el que la motivación por proteger el interés común prima sobre las aspiraciones personales de sus miembros”.
Fuente – CNI.
El Centro Nacional de Inteligencia es el ente público heredero del antiguo Centro Superior de Información de la Defensa (CESID). Surge tras la entrada en vigor de la Ley 11/2002, de 6 de mayo[1], con el objetivo de actualizar la inteligencia española al marco constitucional y a las cambiantes necesidades de una sociedad -la española- que se enfrenta a amenazas muy diferentes en este primer cuarto del nuevo siglo de las que tenía en épocas anteriores.
Los más de 3.000 profesionales que lo integran deben cumplir una serie de estándares mínimos, iguales para todos los empleados públicos, para poder trabajar en «La Casa»: tener la nacionalidad española y ser mayor de edad, poseer la titulación exigida para el subgrupo o grupo al que opten; no haber sido separado de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas; no padecer ninguna enfermedad o defecto físico que incapacite para el ejercicio de las funciones del puesto; y poseer un informe favorable de seguridad acorde a las características propias del puesto de trabajo a ocupar.
Si bien existe mucha «mitología» en torno a la figura del espía, lo cierto es que los agentes de campo son una parte ínfima del total de empleados de esta organización, o de cualquier otra con similar propósito. La mayor parte del personal son administrativos, traductores o analistas de inteligencia, a los que se suman también un buen número de asesores y expertos externos que son consultados para asuntos concretos.
En cuanto al personal de carrera, una vez que son nombrados miembros, pueden dedicarse a diferentes funciones dentro de la organización: inteligencia, traducción, tecnologías de la información y comunicaciones, operativa, seguridad, y servicios corporativos.
- Inteligencia: las tareas a realizar se basarán en obtener, evaluar e interpretar la información necesaria para proteger y promover los intereses estratégicos de España. Así como prevenir y detectar las amenazas contra el ordenamiento constitucional, los derechos y libertades de los ciudadanos, la soberanía e integridad del Estado y la estabilidad de sus instituciones.
- Traducción: el trabajo se centra en las labores de interpretación de las principales lenguas de interés informativo para el conjunto de investigaciones internacionales en las que coopera y participa este organismo.
- Tecnologías de la información y comunicaciones: para el diseño, el desarrollo, la investigación, la planificación, la implantación y la regulación normativa de dichos sistemas.
- Operativa: centrada en implementar los medios y procedimientos para prevenir y neutralizar cualquier amenaza interna o externa contra el Centro.
- Servicios Corporativos: se especializa en el respaldo al resto de departamentos: administración, infraestructuras, financiero, jurídico o sanitario. Imprescindible para el cumplimiento de las misiones a realizar.
Respecto a la procedencia del personal que integra el CNI hay que aclarar que, aunque buena parte del mismo accede a la institución por la vía ordinaria, otra parte sustancial procede de la Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas, en muchos casos de forma temporal, en comisión de servicios.
El respaldo legal
Este órgano es el responsable de facilitar al Gobierno de España el análisis, estudio yo propuestas ante cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o la integridad territorial del país, los intereses nacionales, la estabilidad del Estado de Derecho y las instituciones públicas. Su finalidad es proporcionar la máxima información posible al Ejecutivo para que este pueda evaluarla y tomar decisiones adecuadas al respecto, según las circunstancias del caso y el momento.
Ante las amenazas y riesgos a la Seguridad Nacional a los que se enfrenta el CNI (defensa, terrorismo y crimen organizado, pero también las pandemias, el cambio climático, los ciberataques o las crisis financieras), que se encuadran dentro de las directrices de la Estrategia de Seguridad Nacional (la vigente es de 2021), el Ejecutivo aprueba y regula anualmente los objetivos de este organismo que, sin embargo, todavía se ve amparado por la Ley (preconstitucional) 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales.
Dicha normativa no prevé un mecanismo temporal y automático de desclasificación, minimiza el control político que puede realizar la ciudadanía; aunque sí se garantiza un limitado control parlamentario (mediante la denominada Comisión de Control de los Créditos Destinados a Gastos Reservados, también conocida como Comisión de Secretos Oficiales) y establece un control previo a través de la autorización judicial de medidas que afecten a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones, a cargo de un magistrado del Tribunal Supremo[2].
La inclusión en Defensa
Con la primera designación de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno y la formación del Ejecutivo se produjo un cambio de adscripción del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que sale de Presidencia para ubicarse de nuevo bajo el Ministerio de Defensa, dirigido por Margarita Robles.
Según escribiera Alberto Bueno, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Granada en su artículo “Y el CNI, ¿dónde lo colocamos?”[3] en Agenda Pública, “no se puede hablar del CNI como un centro de naturaleza militar o perteneciente al ámbito de la Defensa stricto sensu (…) ya que este departamento (al igual que las áreas de Interior, Economía o Asuntos Exteriores) dispone de su propio organismo dedicado a inteligencia, el Centro de Inteligencia de las FAS (CIFAS), con sus competencias y funciones concretas.
En las últimas décadas «La Casa» había estado bajo el paraguas del Departamento de Presidencia, desde donde se produjeron, según Bueno, “interesantes innovaciones administrativas, especialmente en el círculo más próximo al presidente, con el fin de reforzar su liderazgo en la gestión de la seguridad nacional”; recogidas en varios documentos, las Estrategias de Seguridad Nacional (especialmente en 2011, 2013 y 2017), siendo unos resúmenes clave de los riesgos y amenazas, internos y externos, a las que debe hacer frente España.
La decisión de devolver el Centro a Defensa no parece muy adecuada y el esfuerzo de las diferentes entidades de inteligencia supone una considerable redundancia administrativa ya que en cada cuerpo policía existe una unidad de inteligencia: Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) y el Servicio de Información de la Guardia Civil (SIGC); para el correcto desarrollo de las actividades de espionaje, hubiera sido mucho más correcto seguir bajo la dependencia directa de Moncloa.
El último escándalo protagonizado por el CNI
En estos 23 años el CNI ha sufrido varias crisis severas, entre otras, las relacionadas con el Rey emérito, la muerte de 8 agentes cerca de Bagdad (Irak) en 2003 e, incluso, el espionaje de los teléfonos del presidente del Gobierno y varios ministros a través del `spyware´ Pegasus. A pesar de estos problemas, ahora debe hacer frente a otra más: dos de sus agentes han sido descubiertos facilitando información clasificada a la CIA.
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