El pasado 18 de marzo de 2022 puede pasar a la historia de la política exterior española, si se desarrollan los sucesos como se han planteado, como el día en el que España cambió su postura política respecto a la soberanía disputada del Sáhara Occidental.
Para España, el futuro de la antigua ex colonia española, o el territorio no autónomo a la espera de finalizar el proceso de descolonización según Naciones Unidas, pasaba por una resolución conjunta de las Naciones Unidas donde se contemplase la autodeterminación. Sin embargo, este posicionamiento ha ido perdiendo apoyos progresivamente debido a los vínculos trazados por la Casa Real marroquí y su política exterior dual, en el continente africano y en Occidente.
La importancia de este territorio para terceros países ha tomado un carácter económico en detrimento del trasfondo político. La presencia de grandes reservas de fosfatos y otros recursos a explotar y el mar de posibilidades que presenta esa plataforma desértica han atraído el interés de países de todos los continentes. Sin embargo, para los actores inmersos en el equilibrio o la competición regional, el futuro del Sáhara Occidental es una llave capaz de transformar la estructura magrebí y, por consiguiente, afectar al Mediterráneo Occidental. De ahí la relevancia de este movimiento político de España y la necesidad de abordarlo desde su presentación.
El comunicado del Gobierno
El comunicado oficial del Gobierno de España tiene tres párrafos que dan lugar a la interpretación y pueden relacionarse con diferentes declaraciones y posicionamientos previos.
En el primero se está reconociendo que Marruecos puede generar inestabilidad en el Flanco Sur de España y de la Unión Europea, dado que la motivación principal del apoyo español es la estabilidad. Sucesos como la crisis de mayo de 2021 en Ceuta y sus réplicas demuestran la capacidad marroquí de influir en la política española usando un asunto “muy sensible” para la población española y europea [1].
Además, en sus declaraciones, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, cita los territorios españoles bajo presión marroquí, ya sea presión migratoria u otro tipo:
«Los intereses de los canarios, los andaluces, los melillenses y los ceutíes tienen que estar protegidos y defendidos especialmente en tiempos tan convulsos en los que el orden europeo está siendo tan directamente amenazado en Ucrania».
El segundo párrafo nos habla de la relación bilateral que mantienen ambos países y la importancia de determinadas dimensiones como, de nuevo, los flujos migratorios y la circulación de personas y bienes. Respecto a los flujos migratorios, como explicaban María Martín y Bernardo Miguel en El País [2], Marruecos espera seguir recibiendo los fondos europeos a través del marco financiero (2021-2027) y el nuevo Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (IVDCI).
Sin embargo, no hay que olvidar la cancelación de la “Operación Paso del Estrecho” anual y la situación que, desde hace dos años, experimentan las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Con la llegada de la pandemia al norte de África, los gobiernos decidieron cerrar las fronteras y sólo se han abierto de forma puntual y no significativa. Esto ha afectado a las economías locales y los gobiernos locales han reconocido que sus modelos económicos eran muy dependientes de la relación con Marruecos [3]. Ante esta realidad, Marruecos lanzó un órdago el 26 de enero de 2021 al no reconocer las fronteras de Ceuta y Melilla y considerarlas parte de su territorio nacional [4].
De este modo, Marruecos no sólo ha negociado su posición respecto a España con la instrumentalización del fenómeno migratorio, también ha cuestionado las fronteras y la soberanía de España en repetidas ocasiones, tanto con las ciudades autónomas como con las aguas de las Islas Canarias. Y cabe recordar que, en caso de aplicación del Plan de Autonomía para el Sáhara Occidental de Marruecos, el gobierno alauita puede exigir las “aguas territoriales” y una revisión de la soberanía marítima en base a la plataforma continental que representa para con las Islas Canarias. Es decir, “cerrar la discusión” sobre Ceuta y Melilla puede ampliar la disputa atlántica [5].
El tercer párrafo recoge la celeridad con la que se está llevando este proceso de reconocimiento. Si bien no es a “golpe de tweet” como hizo Donald Trump antes de la reelección; parece que el marco de negociación se plantea a corto plazo sobre una disputa abierta desde hace 47 años y en base a un Plan de Autonomía (2007) presentado hace 15 años. Todo un golpe de timón que parece haber sido propiciado por el conflicto ucraniano y las reuniones en el seno de la Unión Europea, donde los partidos de centro-izquierda liderados por Pedro Sánchez (España), Emmanuel Macron (Francia) y Olaf Scholz (Alemania), están tratando de conformar un “orden” basado en la unidad de acción [6].
Cabe recordar que Francia consideró ante las Naciones Unidas que el proyecto marroquí sobre el Sáhara Occidental era “una base creíble y seria para las discusiones hacia una reanudación del diálogo”; (exactamente lo que ha presentado España dos años después, lo cual invita a pensar que hay una línea de actuación común). Mientras que Alemania, tras las disputas diplomáticas acaecidas en 2021[7]*, ha podido permitirse cierta ambigüedad hasta el momento. Con la nueva crisis energética que enfrenta la Unión Europea, habrá que comprobar si existe “unidad de acción” o persisten fenómenos de “regionalización” y disparidad de intereses políticos.
Por el momento, es el ministro español el que acudirá a Rabat a sentar las bases de ese nuevo marco de relaciones. Lo que no conocemos aún es en nombre de quién o cuántos negociará.
Escenarios: Los dividendos de la paz o una acción unilateral
Visto el comunicado, parece ser que el conflicto en Ucrania y la reacción de la Unión Europea han llevado a España a considerar su posición en el Mediterráneo Occidental en menos de un mes. A sabiendas que existe un conflicto en el Este, la necesidad de “apaciguar” el Flanco Sur entra en los planes españoles y europeos. Sin embargo, habrá que considerar el coste de estas acciones y los contrapesos que se apliquen para la “nueva estabilidad”, si es que se desarrolla así.
El primero de los escenarios a plantear o deducir de esta acción es aquel donde se considera una acción no aislada y respaldada por actores como la Unión Europea y Estados Unidos. El reconocimiento de la marroquinidad del Sáhara Occidental por parte de Donald Trump planteaba la resolución de un conflicto de forma unilateral. Sentaba las bases de un Mediterráneo Occidental donde Marruecos vería cumplido su imperativo estratégico, la soberanía de las, por ellos denominadas, “Provincias del Sur”. Un Marruecos respaldado por una potencia internacional y con numerosos acuerdos económicos que le auparan como puente estratégico entre el continente europeo y africano. Este liderazgo regional se obtendría a cambio de poner fin a las continuas reclamaciones marroquíes sobre territorios ajenos. Mientras que Argelia, un Estado depredador de recursos naturales, tal y como se ha descrito en numerosas ocasiones, con un liderazgo mitigado (en comparación a décadas anteriores) y sumida en la crisis interna; asumiese su rol de suministrador de recursos energéticos. El reparto de estos beneficios debía complacer a todos los implicados, excepto a los sectores que defienden la resolución 690 de las Naciones Unidas, el Frente Polisario y la independencia de la RASD y los dinamizadores de la carrera de armamentos de los gigantes del Magreb.
Sin embargo, era necesaria una falla crítica o un cambio de paradigma en la política energética europea para desarrollar este escenario. Por lo tanto, podríamos estar frente a una “política de amortiguamiento” ante los desafíos del Flanco Sur. Una iniciativa que proponga repartir los “dividendos de la paz” entre las potencias magrebíes y la Unión Europea, con Estados Unidos adoptando el rol de garantista. Dado que todos los acuerdos que impliquen la seguridad y la neutralidad, como puede ser que veamos en el conflicto ucraniano, deben contar con garantías de terceros. Y como hemos presentado anteriormente, todos los implicados asumen concesiones en su política exterior a cambio de un beneficio político, económico y/o energético.
En materia energética, este escenario puede desbloquear la situación del gasoducto Magreb-Europa, cerrado por Argelia el 1 de noviembre de 2021 como contestación a las “hostilidades” marroquíes. A la vez que impulsaría el proyecto de gasoducto Franco-Español (o el tramo de conexión Mid-Cat), pausado en 2018 por motivos legales, de rentabilidad y financiación [8]. Aunque existen otras posibilidades por explorar, como la transformación del Sáhara Occidental marroquí en un hub de energía renovable, con fondos europeos (donde destaca Alemania como un fuerte inversor).
Por otro lado, como escenario alternativo, cabe la posibilidad de que esta acción se haya tomado de forma unilateral y con la prontitud o improvisación que los tiempos de guerra en el Este de Europa han impreso en la política internacional. Puesto que, si existen presiones sobre España acerca de su papel como un posible eje motriz de la energía europea, el gobierno español haya considerado una transformación de las relaciones en el triángulo España-Marruecos-Argelia. Si bien esto se fundamenta en percepciones y en análisis de costes y beneficios donde entrarían numerosas variables, el ministro Albares no ha aclarado si se ha hablado previamente con Argelia acerca de esta iniciativa, lo que abre la puerta a la especulación. Aunque cabe pensar que Argelia no desea asumir el coste político de esta iniciativa y lo que conlleva, para su política interna y externa, el fin de un apoyo histórico al Frente Polisario.
Si bien es descabellado pensar que se pueda tomar una decisión de este calado de forma unilateral, la percepción de unidad que ha podido obtenerse a partir de las reuniones de Versalles durante esta semana para definir la hoja de ruta europea han podido sobreestimar la posición española. Una posición que, si bien puede estar sobre las cuerdas en sentido económico y energético, considera que, tanto Marruecos como Argelia, ante las consecuencias de la pandemia y el conflicto ucraniano, están en condiciones de aceptar la iniciativa.
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