La relativa estabilidad de la que había gozado Camerún años atrás ha ido deteriorándose en los últimos tiempos, siguiendo un camino paralelo al del resto de la región en la que se encuentra, cerca del Sahel, la cuenca del Lago Chad, en el África Occidental y en el Golfo de Guinea. Una creciente desestabilización regional cuyos factores de base coinciden con los que se observan en Camerún. Entre ellos, un grave conflicto identitario entre anglófonos y un Estado francófono en el suroeste, la creciente amenaza de los grupos yihadistas en el norte, las luchas intercomunitarias y los dramáticos efectos en la población de una climatología adversa, que deja olas cíclicas de desplazados internos, a los que se unen los que huyen de los diferentes conflictos y refugiados de países vecinos. Grandes retos de gobernabilidad que debe afrontar un presidente nonagenario, con más de 40 años en el cargo, y un sistema político anquilosado, con una gran concentración de poder y corrupción sistémica.
Camerún reúne en su territorio gran parte de los grandes vectores de conflicto que sacuden el Sahel y algunos países del África Occidental en los últimos tiempos, como son: los conflictos identitarios (anglófonos-francófonos en el caso camerunés) y entre comunidades de campesinos o pastores por el agua y los recursos, el azote de fenómenos meteorológicos adversos y el cambio climático, el auge del yihadismo, y un presidente, Paul Biya, con 90 años de edad y que lleva 41 años en el poder, con un sistema político encapsulado durante décadas, con escasas vías de reforma o cambio y salpicado con casos de corrupción.
Una serie de problemas que, a día de hoy, suponen que uno de cada seis cameruneses sufra los efectos de algún tipo de violencia (incluido el aumento de la violencia de género contra mujeres y niñas en el marco de otras violencias), choque climático o brote epidémico. El conflicto en la cuenca del Lago Chad en el norte, la crisis en las provincias del Noroeste y del Suroeste y el flujo de refugiados procedentes de Nigeria y de República Centroafricana afectan de forma negativa a las condiciones de vida de los habitantes en nueve de las diez regiones del país.
Las graves inundaciones y los brotes de cólera del año pasado (2022) afectaron a más de 300.000 personas y han erosionado la capacidad de supervivencia de una población con ya de por sí bastantes dificultades para salir adelante. En 2023, se estima que 4,7 millones de personas a lo largo y ancho de todo el país necesitan asistencia humanitaria[1].
A fecha de 31 de marzo de 2023, hay más de un millón de desplazados internos, casi 646.000 retornados y más de 480.000 refugiados, en torno a 349.000 procedentes de República Centroafricana y 128.000 de Nigeria[2].
El separatismo anglófono en el suroeste del país
“Empezaron a llamar a las puertas de la gente amenazando con matarlos a todos. Los que abrieron, fueron asesinados. A aquéllos que no abrieron, les obligaron a hacerlo y les dispararon. También quemaron las casas de la gente y más tarde descubrimos cuerpos carbonizados en ellas. Hubo gente a la que violaron antes de asesinarla. Incluso los niños fueron asesinados. Yo fui testigo de lo que pasó”. Enu Hannibal, oficial de seguridad de Cáritas Mamfe, relata lo sucedido en uno de los últimos ataques llevados a cabo por un grupo armado, al parecer, vinculado a los separatistas anglófonos de la provincia del Suroeste camerunés, en el pueblo de Egbekaw, el pasado 6 de noviembre. Una incursión que tiene lugar de madrugada muy cerca de un campamento militar, sin que los soldados llegaran a tiempo para poder impedirlo[3], y que se salda con, al menos, 25 muertos y más de 480 desplazados, obligados a abandonar su pueblo[4]. Los secesionistas niegan cualquier vinculación con los hechos:
Este caso es sólo uno de los últimos ejemplos de violencia, con abusos, torturas, secuestros y violaciones por parte de ambos bandos, en un conflicto que se ha cobrado ya en torno a 6.000 vidas, deja 630.000 desplazados internos y se recrudece desde 2022, y cuya solución se percibe como estancada, con las dos partes cada vez más lejos y más enfrentadas. El Gobierno camerunés ha intensificado a principios de este 2023 sus acciones militares en el territorio separatista, sobre todo en el Noroeste, en un intento por aprovechar la creciente fragmentación del brazo armado del movimiento secesionista en diversas milicias (siendo la principal de ellas las Fuerzas de Defensa de Ambazonia, ADF).
De la diferentes crisis que sacuden hoy en día Camerún, el conflicto anglófono es el que más daño causa al país y a su unidad nacional, pocas dudas caben al respecto[5].
El 1 de octubre de 2017 los separatistas anglófonos declaran unilateralmente la nueva República Federal de Ambazonia, en las provincias del Noroeste y Suroeste camerunés, que suponen alrededor del 20% de la población total del país africano:
No obstante, la crisis había comenzado en octubre de 2016, cuando las demandas de maestros y abogados de una federación de dos estados con el fin de reformar los sistemas de educación y judicial en las regiones anglófonas para preservarlos son brutalmente reprimidas por las autoridades. En ese momento, un problema de lengua, educación y escasa representación en las instituciones deriva en una crisis política y un enfrentamiento violento que perduran hasta la actualidad. Se pasa de demandar un regreso al antiguo federalismo, al secesionismo de un estado dominado por los francófonos.
En 2019, el Ejecutivo camerunés reconoce a las dos regiones separatistas del Noroeste y Suroeste un “estatus especial” en respuesta a sus demandas de una mayor autonomía. Sin embargo, la medida ha conseguido poco y el problema persiste. Entre otras razones, porque se implementa sin haber siquiera consultado a los líderes anglófonos y porque las asambleas regionales creadas apenas representan a la población y tampoco son eficaces a la hora de llevar a cabo acciones para solucionar problemas lingüísticos, educacionales o judiciales. Por su parte, las milicias separatistas han manifestado su oposición al “estatus especial” de forma clara, al seguir combatiendo al Ejército nacional y atacando a las autoridades estatales en sus territorios[6].
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