Marruecos y la Zona Gris

No me extenderé mucho sobre un concepto -el de Zona Gris- que ya comienza a ser popular y que, de hecho, ya ha sido trabajado en otro número de esta misma revista. Pero es conveniente recordar sucintamente sus fines y medios, construyendo la correspondiente matriz, para de ese modo encajar las explicaciones concretas referidas al caso que nos ocupa: la posibilidad de que Marruecos plantee una estrategia de este tipo en relación con Ceuta y Melilla.

De modo resumido, se trata de una estrategia puesta en marcha por un actor -estatal, o no- para lograr réditos geopolíticos tan relevantes que, en condiciones normales, suelen exigir una guerra abierta. Se suelen citar, entre los más importantes, lograr la independencia de una parte del territorio de otro Estado; anexionarse una parte del territorio de otro Estado; o forzar un cambio de régimen (podría ser de gobierno, si ello trae consigo consecuencias estratégicas de suficiente calado).

La particularidad de la zona gris reside, precisamente, en que quien la plantea no desea abrir las hostilidades. Es decir, se trata de un conflicto que no traspasa la línea roja del casus belli. La pretensión de quien activa una zona gris radica en respetar el derecho internacional, de modo que estamos ante estrategias que, si bien son agresivas en el fondo (en el fin buscado) son pacíficas en la forma (en relación con los medios empleados para ello). Contiene, por definición, una vulneración del principio de bona fides que debería presidir las relaciones entre Estados en tiempo de paz. Pero no podemos obviar que estamos ante un mero principio, no ante una norma jurídica.

Para poder alcanzar alguno de los fines citados, los promotores de la zona gris operan siempre haciendo gala de una ambigüedad calculada, incluso empleando proxies, o bien otros mecanismos que dificulten la atribución de sus acciones. ¿El precio a pagar? Que las zonas grises pueden tardar años -e incluso décadas- antes de alcanzar al punto de maduración deseado por quien las establezca. Mientras eso ocurre, y pese a la desestabilización que genere en quien la padece, no se obtendrán los efectos deseados. Quizá por ello, las zonas grises son más verosímiles cuando las plantean Estados cuya política exterior está dotada de una gran continuidad en el tiempo (lo cual es bastante más usual en regímenes no plenamente democráticos, que en las democracias consolidadas) o bien, cuando las plantean Estados cuya política exterior esté ampliamente consensuada entre sus elites (cuando son democráticos).

A su vez, aunque se trata de un escenario en el que el protagonismo de las FFAA es mucho más reducido que en una guerra abierta, la participación de las mismas es indispensable para que las zonas grises tengan éxito. Por ello, en muchas ocasiones la zona gris aparece clasificada como una amenaza híbrida, pese a no llegar a ser (por definición) una guerra híbrida.

En cuanto a los medios necesarios para que la zona gris sea viable podemos citar, a grandes trazos, los siguientes:

• Elaboración de una narrativa legitimadora del escenario pergeñado. Para ello se procede a cuestionar el status quo ante, así como a presentar una alternativa que parezca más adecuada a la realidad. La lawfare (una de cuyas principales estrategias consiste en promover la discusión acerca de quién tiene un mejor derecho sobre un espacio geográfico, terrestre o marítimo) suele formar parte de la batalla de narrativas. A lo que hay que añadir el establecimiento de medios de propaganda capaces de desplegar la doble vertiente de dicha narrativa (generalmente mass-media, pero también redes sociales) esto es, las dudas entre las filas del defensor del status quo y la renovada credibilidad de quien lo desea cambiar.

• Movilización de civiles en apoyo de dicha narrativa. Puede tratarse de ciudadanos de a pie (en ese caso se pueden incentivar movilizaciones masivas) o bien de organismos -también públicos- que dependen de ministerios distintos al de defensa o en los que trabajan civiles (en ese caso, dicha movilización se plantea de modo más selectivo, en función de las necesidades).

• Medidas de presión económica (normalmente referidas como “guerrilla económica”) que pueden graduarse en lo que concierne a su intensidad. Pueden ir desde meros toques de atención (meras amenazas) hasta la asfixia económica, pasando por subvenciones selectivas, boicots más o menos amplios, o cortes de suministros, esenciales o no esenciales.

• Participación de las FFAA del Estado que genera la zona gris. Puede tratarse de la Infiltración de miembros de los servicios de inteligencia o de unidades de operaciones especiales, con objeto de incentivar y/o apoyar cualquiera de las medidas citadas en los tres párrafos anteriores, ofrecer asesoramiento a quienes las desplieguen, o asegurarse de su adecuada aplicación sobre el terreno. Es complicado demostrar esa opción, por razones obvias. Pero la participación de las FFAA en la gestación y el mantenimiento de una zona gris no se queda ahí. Ni siquiera tiene que ser la parte fundamental de la misma. Porque una adecuada presión ejercida por las FFAA del Estado que la genera, es fundamental. ¿Las razones? Sin ello, sería difícil controlar cualquier tentación de escalada, planteada por el Estado perjudicado, para evitar que los efectos de dicha zona gris se acrecienten o, en el peor de los casos, que sean irreversibles. Dicho con otras palabras: sin capacidad disuasoria del Estado generador de la zona gris, ésta sería demasiado frágil, especialmente en sus primeras fases.

Ceuta y Melilla en el marco de la gran estrategia de Rabat: argumentos para una Zona Gris

Se ha hablado mucho de la situación de Ceuta y Melilla, así como de las reivindicaciones de nuestro vecino del sur al respecto. En esencia, se trata de dos ciudades de soberanía española desde hace medio milenio, a las que Marruecos desea integrar en su propio Estado, argumentando que se trata de colonias y que, por ello, entrarían dentro de la filosofía imperante en la comunidad internacional, liderada por la ONU, al respecto.

En realidad, la vinculación a España de ambas ciudades no tiene nada que ver con el viejo protectorado de Marruecos (que, aunque técnicamente tampoco era una colonia, entraría en esa filosofía). A su vez, el elenco de derechos de los que gozan los habitantes de ambos territorios, constitucionalmente casi equiparados a las comunidades autónomas (en puridad de conceptos, son ciudades autónomas), tampoco contribuye a dar pábulo a la retórica colonial. La reivindicación identitaria en clave histórica, que sería el otro comodín de la misma, también se antoja endeble, ya que Marruecos ni siquiera existía en el siglo XV.

Claro que, si la cuestión es apelar a la entrada en fuerza de tropas cristianas en suelo musulmán (suponiendo que los suelos tengan religión) … ¿por qué limitarnos a parar la regresión histórica hasta justo el momento que le interese a Marruecos? Ya puestos, ¿Por qué no ir más atrás en el tiempo y cuestionar a todos los Estados musulmanes del Magreb, en cuyo suelo penetraron los árabes, espada en mando, cuando en ellos preponderaban los pueblos bereberes, que hacían gala de una mezcla de creencias politeístas y cristianas -pero en ningún caso musulmanas-? Se trata, en todo caso, de arenas movedizas para Marruecos, en la medida en que parte de los bereberes de su interior estén más que dispuestos a reclamar sus derechos históricos, precisamente contra la arabización forzosa a la que fueron sometidos, siglos atrás.

Sea como fuere, el Reino de Marruecos considera que, dada la ubicación geográfica de esos enclaves y otros de soberanía española aledaños a sus costas (pues en muchas ocasiones ése parece ser el criterio más sólido), todos esos territorios deberían integrarse en el espacio de soberanía marroquí. Partiremos de esta constatación para enmarcar el resto del artículo.

Siendo eso cierto, las especulaciones acerca de un eventual conflicto armado desatado por el control de ambas ciudades no carecen de fundamento. Cuando menos, a modo de hipótesis de trabajo. Recientemente, Roberto Gutiérrez ha publicado un artículo brillante sobre el particular, en esta misma revista (Ceuta y Melilla. ¿Una defensa imposible?). Asimismo, son usuales los análisis desarrollados en España acerca del poder militar marroquí. Es lógico que así sea.

Sin embargo, eso no significa que el escenario más probable sea una guerra abierta. Al menos con la información disponible hoy en día. Por una parte, las relaciones entre ambos Estados son cordiales. Más, de hecho, de lo que eran cuatro décadas atrás. Por otra parte (pues la cordialidad en relaciones internacionales tiene el peso que tiene) los intereses cruzados de todo tipo (económicos y sociodemográficos) también se han incrementado. Finalmente (porque lo que acabamos de indicar todavía nos expone a los riesgos de la interdependencia señalados por Kenneth Waltz en su Teoría de la Política Internacional), y sobre todo, el camino de la guerra parece poco probable, en términos de cálculo racional, porque Marruecos cree que puede conseguir el mismo rédito, sin apenas costes, con un poco de paciencia.

Sentado lo cual, tampoco podemos obviar que la proactividad mostrada por Marruecos en lo que respecta a hacer valer sus reivindicaciones es notoria. El recuerdo del papel jugado por Hassan II en el Sáhara, en 1975 (con Marcha Verde incluida), todavía está fresco. También lo está, huelga recordarlo, en la mente de los propios saharauis. En esta línea, no ha ayudado nada a las supuestas buenas intenciones de nuestro vecino del sur “lo” de Perejil que, siendo bastante más ambiguo y mucho menos espectacular, acaeció en pleno siglo XXI (2002), conteniendo algunas de las características propias de una zona gris, como pone de relieve Javier Jordán en “Una reinterpretación de la crisis del islote Perejil desde la perspectiva de la amenaza híbrida”.

En realidad, eso no va solo con España. Podemos tener la tentación de verlo así, en cuanto que lo que ocurre nos afecta directamente. Ahora bien, la proactividad marroquí en lo que respecta a la ampliación de sus fronteras actuales viene de lejos. Se modula, por supuesto, en función de las posibilidades existentes en cada momento. Pero, incluso considerando esta variable, muestra cierto atrevimiento. En 1963, por ejemplo, el padre del actual monarca emprendió una guerra contra la recién independizada Argelia (conocida como “Guerra de las Arenas”) cuando el potencial militar marroquí estaba a años luz del actual. Ese escenario se planteó aprovechando que la debilidad de sus correligionarios argelinos debía de ser todavía más palmaria, ya que a duras penas estaba restañándose las heridas de su guerra de la independencia contra Francia (y contra parte de los propios argelinos, no solo pieds noirs, dicho sea de paso). Circunstancia que en Argel tampoco han olvidado, porque muchos consideran la ofensiva de su vecino del Oeste como un golpe bajo.

¿Y qué decir de la ocupación militar del territorio del Sáhara Occidental, subsiguiente a la Marcha Verde, que se prolonga hasta la actualidad sin visos de solución (contra los mandatos de la ONU)? En definitiva, el desgaste asumido por Marruecos ha sido (y sigue siendo) grande. Pero estos sucesos dan a entender que en Rabat no duelen prendas cuando se trata de hacer realidad el proyecto del Gran Marruecos.

Curiosamente, de acuerdo con el derecho internacional vigente, el Sáhara todavía es (léase, debería ser) un territorio administrado por España. Algo que se encargó de recordar una opinión legal de la ONU, generada en 2002, pese a la renuncia española en favor de Marruecos y Mauritania, que data de febrero de 1976 (traslado de competencias que la propia ONU no considera válido). Tanto es así que, recientemente, desde el Frente Polisario se han renovado las voces que reclaman el ejercicio de ese rol por parte española para entorpecer o, idealmente, para frenar la política expansionista del gobierno marroquí. Todo ello sin que eso tenga ninguna oportunidad de hacerse realidad (evidentemente).

Mientras esta anomalía se prolonga en el tiempo, lo que sucede en ese territorio es supervisado por el Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas. Lo que recuerda, por cierto, que es Marruecos y no España el Estado (formalmente) acusado de perpetuar el colonialismo en la región. Un currículum que no da para mucho, por más que desde Rabat se trate de darle la vuelta a la tortilla, tomando como “rehenes argumentales” a Ceuta y Melilla.

No me extenderé más sobre todo ello, pero parece claro que el proyecto del Gran Marruecos tensa las relaciones con todos sus vecinos (no solo con España) puesto que, de llevarse a cabo, afectaría, en mayor o menor medida, a la propia Argelia, a Mauritania, e incluso a Mali. También, por cierto, según ciertas lecturas, a las islas Canarias además de, a fortiori, a los pequeños archipiélagos, islas y peñones de soberanía española de la costa mediterránea. En ese sentido, la reivindicación planteada sobre Ceuta y Melilla es solo un eslabón de un proyecto mucho más ambicioso. Lo cual no es óbice para que la eventualidad de que la bandera marroquí ondee en Ceuta y Melilla tenga sustantividad propia. Especialmente, debido a su gran valor simbólico, cuajado a través de la dilatadísima presencia española en ambas ciudades.

De esta manera, si unas líneas más atrás decíamos que a Marruecos le sale más a cuenta una aproximación pacífica al entuerto que ellos mismos plantean con ánimo de hacerse con el control de Ceuta y Melilla sin abrir las hostilidades, lo que hemos indicado ahora refuerza esa misma idea. ¿La razón? El lastre que estas ambiciones generan en Marruecos pesa mucho: Argelia es su mayor rival geopolítico. A consecuencia de ello, ambos Estados están inmersos en una carrera de armamentos a nivel regional que comienza a ser preocupante (hasta para ellos), dado no solo el volumen de armamento acumulado (ese siempre es un dato muy relativo, si realmente se tiende al equilibrio) como, sobre todo, al ritmo al que eso se está produciendo (ya que puede generar rupturas del equilibrio, dilemas de seguridad, y otras disfunciones). Los dilemas de seguridad entre Marruecos y Argelia son especialmente preocupantes porque, aunque analicemos este problema desde un punto de vista canónico (o, precisamente por ello -pensemos en la tesis inicial de John Herlz, en “Idealist Internationalism and the Security Dilemma”) también nos atañen de forma directa.

A su vez, la reconocida resiliencia polisaria, pese a no estar pasando por su mejor momento, amenaza con enquistarse definitivamente a modo de Talón de Aquiles marroquí. Mientras que las relaciones entre Argelia y la autodenominada RAS, pese a sus altibajos, tampoco auguran nada bueno para Rabat en caso de optar por abrir la Caja de Pandora en el Magreb. Dicho con otras palabras, atendiendo a su potencial relativo, si Marruecos arreciara militarmente contra Ceuta y Melilla, podría estar incurriendo en un doble grave error de cálculo: por un lado soliviantaría a otros Estados potencialmente afectados por el irredentismo del que hace gala constantemente y, por otro lado, tendría demasiados frentes abiertos o precariamente cerrados (lo digo en el sentido militar, pero también en el diplomático y en el económico), con consecuencias imprevisibles para Rabat.

¿Cuál sería la peor pesadilla para Marruecos? Una alianza entre España, Argelia y el Polisario, con la mera hipótesis de la apertura de un segundo frente en el Sáhara (quizá con el reclamo de cumplir con el rol de potencia administradora que, para más inri, gozaría de cierta aura de legitimidad internacional -cuanto menos- y quizá hasta de legalidad -a estudiar-). A algunos lectores esto les sonará raro: Argelia, el Polisario… traen malos recuerdos… pero no faltan referentes en el ámbito de las relaciones internacionales y de la geopolítica que advierten de este tipo de pactos (e incluso mucho más raros que el aquí planteado), estimulados por la combinación de poder relativo, capacidad ofensiva, intenciones y proximidad geográfica, como recoge Stephen Walt, en “Why Alliances Endure or Collapse”.

Por todo ello (y ya son muchos los argumentos acumulados), la opción de la zona gris aparece no ya como posible (que lo sería, en cualquier caso), sino incluso como más probable que la apertura de hostilidades. De ese modo, una zona gris podría contribuir, si tiene éxito, a acelerar los plazos de esa anexión soñada (pacífica y, hasta cierto punto, pactada) de ambas ciudades. En síntesis, la persistencia de la reivindicación marroquí, ligada a la improbabilidad de la guerra abierta, convierten en verosímil este escenario. A su vez, ello dota de sentido este artículo.

Aplicación del marco teórico de la zona gris al caso marroquí

Una vez comprobada la verosimilitud de la zona gris, conviene que nos acerquemos al modo en que se podría implementar (o en el que se estaría implementando). Para ello, seguiremos la matriz definida en el primer epígrafe.

La narrativa

Sabemos que Marruecos considera Ceuta y Melilla como algunas de las últimas colonias existentes en suelo africano. También que no desea entrar en grandes debates acerca del fondo de la cuestión (en clave histórica o filosófica) ya que, paradójicamente, tendría mucho que perder. Su estrategia es bastante más simple. Algo así como… “la geografía manda, basta con mirar un mapa”. Lo demás, las apelaciones identitarias, tampoco son sólidas. No solamente por lo expuesto en el apartado anterior, sino también en la medida en que, aunque la población musulmana pueda ser mayoritaria en ambas ciudades, no está nada claro, en pleno siglo XXI, que la identidad religiosa tenga que ser políticamente problematizada (por los Estados, o por los auténticos protagonistas, que son los ciudadanos).

Bajo palio de la Constitución española, no hay disonancia alguna entre practicar el islam y sentirse español. Ni en Ceuta, ni en Melilla… ni en Granada… ni en Madrid, ni en Barcelona. Es decir, es Marruecos -no España- quien insiste en la vieja y desfasada crónica de “moros y cristianos”. Marruecos suele aducir que la presencia española en Ceuta y Melilla es un anacronismo, pero lo que sin duda es anacrónico es el empeño en asociar ciudadanía y religión. La contranarrativa debería enfatizar ese dato.

Lo que hace Marruecos es jugar al social-constructivismo, en los términos en los que lo definió Wendt en Social Theory of International Politics-. Ahí se enmarca el discurso alternativo recreado, aunque sea poco riguroso, para que sea seductor para su propio público (o parte de este). No estoy pensando, solo ni principalmente, en la población de Ceuta y Melilla, sino en la opinión púbica marroquí. El discurso anticolonial tiene la ventaja de que es simple, superficial, (por ello) vende bien, (por ello) tiene muchos adeptos por doquier y (por ello) se entiende con facilidad.

Como nos recuerda Alfonso Barrada en su reciente artículo “Las nuevas leyes de Marruecos sobre espacios marítimos”, hace muchos años que Marruecos aplica lógicas de lawfare con la mirada puesta en ampliar sus espacios de soberanía de modo unilateral. La unilateralidad no acarrea buenos auspicios, por razones comprensibles, y es importante para entender qué diferencia este escenario de otras pretensiones o debates menos polemológicos. Así, aunque en los últimos tiempos se lleva la palma la polémica generada por la ampliación de las aguas territoriales marroquís a partir de la costa saharaui, afectando a las Canarias, conviene recordar que, desde 1975, un Decreto (n.º 2-75-311, de 21 de julio) establece la regulación aplicable a la costa mediterránea, de un modo tal que las aguas de Ceuta, Melilla, así como las islas y peñones de soberanía española, quedan dentro de las “aguas interiores” del Reino de Marruecos.

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