La industria española de defensa tiene, en relación con los sistemas terrestres, unas importantes capacidades así como un gran potencial que por distintas razones no llega a explotarse por completo. De hecho, está en peligro. No es solo la falta de inversión por parte del Ministerio de Defensa, que divide los siempre escasos fondos entre multitud de programas e iniciativas, tratando de ayudar a todos, pero sin conseguirlo realmente con nadie. Con todo, todavía disfrutamos en España de un buen número de empresas, algunas de ellas punteras en sus campos, así como de interesantes proyectos, una buena capacidad exportadora y, si sabemos aprovecharlo, un gran futuro.
Siempre que hablamos de proyectos industriales surgen los mismos conceptos, ya convertidos en mantras, acerca de la necesidad de una mayor autonomía estratégica, retornos industriales o generación de empleos como parte de los objetivos a la hora equipar al Ejército, o mejor dicho para amortizar eficazmente el dinero público destinado al mismo; ya que por desgracia, el dotar a las Fuerzas Armadas no se considera en sí misma una meta lo suficientemente importante.
Esto no solo es un pesar para los que, ya sea de forma tradicional o a raíz del fin de la ensoñación de una paz duradera derivada de la agresión rusa a Ucrania, hemos defendido unas fuerzas armadas fuertes y capaces de garantizar la disuasión y la seguridad de la nación ante toda amenaza; también es un argumento falaz a la hora de analizar cuánto hay de cierto en esos supuestos beneficios con los que tratamos de blanquear nuestra inversión en defensa.
En términos de eficacia militar, poder de destrucción y disuasión, no hay nada más efectivo que las modernas plataformas aéreas y navales. Ciertamente son poderosas, sofisticadas y muy, muy caras. Esto ha supuesto un atractivo considerable para las empresas del sector y también un reclamo para los sucesivos gobiernos, que mediante acuerdos internacionales o derivado del peso de algunas de ellas en el aspecto social (empleo) como son los astilleros; han invertido ingentes cantidades de dinero en estos sistemas.
Sin embargo, el Ejército de tierra, que es básico para sostener todo esfuerzo de guerra o apoyar de diferentes formas la acción del Estado, dentro o fuera de nuestras fronteras [1]; ha padecido cierto ostracismo respecto a las inversiones en material, si bien aún mantiene una preponderancia propia de su posición en lo relativo al recurso humano [2].
Es curioso que sea precisamente en esta área de las FAS, la más propicia para garantizar los objetivos políticos asociados a todo programa, donde se incumplan sistemáticamente los principios de autonomía estratégica o generación de valor añadido en el esfuerzo de I+D asociado a las adquisiciones de armamento y material.
Si algo nos ha enseñado el aún inacabado conflicto ucraniano, es que los ejércitos occidentales habían olvidado lo exigente que es una guerra preponderantemente terrestre contra una potencia de capacidad similar, si no ya en tecnología, en recursos y voluntad de vencer, como es la Federación Rusa.
La OTAN, acostumbrada a la capacidad del poder aéreo y su superior tecnología, adiestramiento y doctrina de empleo de las fuerzas sobre el campo de batalla para obtener rápidas victorias militares [3], nunca ha preparado sus arsenales para las necesidades de un conflicto largo y sangriento, ni siquiera para afrontar una emergencia nacional como la que representó la pandemia COVID 19 o la que supondría la nuevamente vigente amenaza nuclear.
En términos exclusivamente militares esto representa una carencia enorme de reservas de consumibles tan importantes como combustible, municiones, plasma o agua potable. Es por ello que hemos asistido a las limitaciones para fabricar material sanitario de primera necesidad o capacidad de descontaminación y asistencia médica a masas afectadas por el COVID (Operación Balmis) a problemas para evacuar personal civil de zonas de guerra con rapidez (Aeropuerto de Kabul) o a sostener un consumo elevado de munición e incluso a la incapacidad de solventar el desgaste de las bocas de fuego [4].
En realidad, en términos estratégicos de independencia, Europa ha asistido atónita a cómo este conflicto ha puesto en jaque el suministro de hidrocarburos básicos para sostener el estado del bienestar de sus sociedades y, por supuesto, su capacidad industrial, al dejar en manos del que era su «enemigo probable» el suministro de los preciados combustibles fósiles [5].
Esto, unido a una política de energía limpia que renuncia tanto en el ámbito militar como en el civil, al poder del átomo, ha evidenciado la vulnerabilidad de estos países a un conflicto en zonas de alto interés estratégico incluso cuando no se ve forzada su participación activa en él [6]. De hecho, si así fuera, descubriríamos con asombro que la industria propia es incapaz de poner a las naciones europeas «en armas», ya que la mayoría de las fábricas de armamento individual (fusiles, pistolas y ametralladoras) de Europa han desaparecido en aras de la globalización.
Es difícil de entender este proceso de desmilitarización, pero aún es más sorprendente que se haga en favor de la europeización de la defensa, cuando abundan los ejemplos de graves discrepancias en política exterior entre las diferentes naciones europeas, lo que conlleva importantes conflictos diplomáticos donde el suministro de armamento y repuestos entre ellos deja de estar garantizado. El mercado global lo es para todos, y el hecho de que los socios industriales o la política clientelar de algunos países haga foco en otros europeos en lugar de en potencias armamentísticas reconocidas (en lo industrial y en lo político) como EE. UU., Israel o Corea del Sur, sea un serio error de apreciación.
Solo desde la perspectiva de la cooperación institucional dentro de la UE, con iniciativas como la PESCO, o el hecho de abonar las facturas en euros en vez de en divisas, así como la facilidad logística (transporte) de integrar, probar o suministrar componentes entre los miembros europeos, puede justificar este trato de favor. Por contra, nada puede hacerlo con la dependencia asumida de otros mercados para elementos de comunicaciones o suministro de microchips, con el agravante de que dichos países no son precisamente democracias representativas.
Por otro lado, si tratamos los sistemas terrestres en particular, es cierto que su menor riesgo tecnológico y tiempos de desarrollo hacen que, pese a todo, aún queden muchas factorías nacionales que exigen el apoyo de sus gobiernos para sobrevivir, por lo que la mencionada globalización no se ha llegado a ejecutar plenamente. Si bien es cierto que se limita en muchas ocasiones a lo que se conoce como integración de subsistemas.
Este concepto cubre la exigencia política de generar empleo u obtener retornos económicos vía impuestos al asegurar la fabricación nacional, aunque obviamente no garantiza ningún tipo de independencia estratégica al depender de componentes clave que vienen del extranjero [7] y tampoco suele aportar ningún valor añadido (I+D) por lo que las posibilidades exportadoras son limitadas.
Por contra, aquella industria especializada en los citados componentes exporta el grueso de su producción, ya que por definición no podría subsistir de la demanda interna. Esto también tiene su importancia, ya que los sistemas terrestres son especialmente resistentes a la obsolescencia, por lo que su renovación atiende a plazos que una industria no puede sostener, es decir: los largos periodos de inactividad sepultan la capacidad de producción y el know-how adquirido si no se sostiene con pedidos de exportación.
Esta razón es la que ha acabado con la industria de armas cortas en Europa e incluso ha amenazado a fabricantes de blindados tan importantes como General Dynamics; lo que obligó al gobierno estadounidense a aprobar la fabricación de nuevos carros de combate Abrams (modelo escasamente exportado) en lugar de modernizar los que tenía en inventario, claramente impulsado por la necesidad de sostener el «valor estratégico» que representaba como único fabricante de carros de combate de EE. UU.
Fabricantes de sistemas
En nuestro país el único fabricante de blindados consolidado es precisamente una filial de General Dynamic, la conocida actualmente como GDELS-Santa Bárbara Sistemas, creada en 1960 dentro del INI (capital público) como Santa Bárbara Industrias Militares S.A y que absorbió diferentes factorías de armamento terrestres presentes en España en aquella época [8], entre las que estaba CETME (Centro de Estudios Técnicos de Materiales Especiales), a la sazón creador de nuestros famosos fusiles de asalto modelos C y L.
Su ya larga historia está salpicada de innumerables problemas, entre los que está el rocambolesco proceso de privatización emprendido por el gobierno de José María Aznar, que en pleno programa de colaboración con KMW para la fabricación del carro Leopardo 2E, dejó la empresa en manos de un rival directo de los alemanes en el mercado de blindados como es la citada General Dynamics Land Systems o GDLS.
De hecho es muy probable que el interés del gigante americano en la empresa fuera exclusivamente ese, evitar que KMW y Rheinmetall se afianzaran como un gigante industrial europeo [8]. Desde entonces, no solo el programa Leopardo perdió gran parte de su razón de ser, convirtiéndose en un montaje nacional de componentes, sino que SBS no ha llegado a levantar por completo la cabeza para desgracia de todos.
Tampoco la actitud de los diferentes gobiernos ha ayudado, pues el otro producto que surgió de un ambicioso programa de modernización del Ejército de tierra para renovar sus fuerzas acorazadas, el Pizarro; ha padecido otro de los graves problemas que afectan a la industria de sistemas, la nacionalización forzada de componentes.
El Pizarro surge de una colaboración de SBS con la austriaca Steyr, gracias a la cual se crea el consorcio ASCOD para diseñar y fabricar un VCI (Vehículo de Combate de Infantería) que equipe a los ejércitos de ambos países. El programa se dividió en España en dos fases, lo que implicó que para la segunda se aumentara el grado de nacionalización impulsando una nueva transmisión de la empresa SAPA, en sustitución de la Renk alemana que equipaba la primera fase.
Este cambio estaba más que justificado si atendemos a que la industria nacional debe aportar los elementos o subsistemas asociados a las grandes plataformas, e incluso como decimos a convertirse en distribuidores de estos componentes a otros proyectos extranjeros, cosa que finalmente SAPA ha conseguido con ventas tan importantes como las logradas en Turquía o EE. UU.
El problema aquí radica en los plazos, ya que para financiar este programa se asoció al del propio Pizarro, provocando un retraso enorme en este y perjudicando al Ejército, que vio como uno de sus programa estrella se paralizaba durante una década. Aún hoy, la incapacidad de la transmisión para absorber aumentos de peso en el blindado ha impedido culminar el programa en su variante VCZ o vehículo de combate de zapadores Castor; así como desarrollar un VCI más protegido, lo que ha obligado en el caso del Ajax británico, una variante del ASCOD que representa su mayor éxito exportador, a implementar nuevamente una transmisión Renk.
El nuevo gran programa del Ejército, el vehículo Dragón, adolece del mismo problema. La primera ocasión en que se aprobó su adquisición, el concurso fue declarado desierto al no poder SBS cumplir los requisitos establecidos, por lo que se optó por crear un consorcio llamado Tess defense, donde SBS actúa como contratista principal y aporta la barcaza del MOWAG Piranha V, conocido fabricante suizo del grupo GDLS. Los otros socios son SAPA para la transmisión e integración del grupo propulsor (de la sueca Scania), Indra por el sistema de combate y EM&E para las torres de las diferentes variantes pedidas por el Ejército.
Con este reparto se logra un grado de nacionalización muy alto, si bien aumentan los costes y los problemas asociados a la integración y coordinación de los diferentes responsables. Se considera un producto completamente nuevo, por lo que el consorcio mantiene la autoridad de diseño, es decir, es el propietario del mismo a la hora de exportarlo y/o conceder licencias de fabricación a terceros.
Este programa incluye, como decimos, hasta trece variantes del vehículo ya que ha obligado al Ejército a reunir diferentes requisitos en un único modelo de base, dada la dificultad de acometer programas específicos para cada necesidad; esto perjudica seriamente a la competencia y empobrece el ya de por sí escaso plantel de sistemistas terrestres.
Es el caso de IVECO, la empresa italiana filial de CNH industrial tiene plantas en Valladolid y Madrid, donde ensambla todos los vehículos pesados de la marca a nivel mundial, siendo el suministrador principal de camiones tácticos para las Fuerzas Armadas españolas con modelos 4×4, 6×6 y 8×8. Curiosamente parte de esta producción de vehículos especiales para el Ministerio de Defensa se realiza, dentro de la estrategia global de la empresa, en Italia.
El consorcio IVECO-Oto Melara se encargó a través de Oto Melara Ibérica (Leonardo Hispania) de ensamblar las torres del VRCC Centauro para el Ejército de tierra español, así como de desarrollar el Freccia VCREC, un modelo de recuperación del que se hicieron solo 4 ejemplares. Es pues una empresa capacitada para diseñar y fabricar productos a requerimiento del Ministerio de Defensa, si bien el Freccia perdió el concurso por el 8×8 y posteriormente, su torre Hitfist, elegida por el Ejército para la variante VEC de Caballería, se ha desestimado en favor de un desarrollo nacional en el que trabaja EM&E.
Por debajo de los camiones pesados y medios se sitúan los medios ligeros 4×4, donde destaca UROVESA, suministrador único de VLTT de la categoría 1,5 t de carga con su VAMTAC ST5, del que dispone de múltiples variantes blindadas y sin blindar. También suministra camiones tácticos de alta movilidad, como el nuevo tractor de artillería SK95, y se postula como candidato a relevar los VLTT 1 t Aníbal de la desaparecida empresa Santana. Este último otro ejemplo de programa que impulsó a una factoría a fabricar por encima de sus posibilidades de mercado y no superó el declive de pedidos del Ministerio de Defensa.
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