La Historia del Leopard 2 en España, como vemos, ha sido la historia de un quiero y no puedo. Lo expuesto nos lleva ineludiblemente, como conclusión, a establecer unas consideraciones en torno a la gestión de los programas de adquisición de sistemas de armas que, lanzados por el Ministerio de Defensa, a mediados de los años 90, han sido, sin duda, los de mayor alcance económico en la historia de las fuerzas armadas españolas: el Eurofighter, la fragata F-100, y el carro de combate Leopard 2, y precisamente por este orden.
(Nota del editor: partes de este artículo se terminaron de escribir en 2009, por lo que el lector no debe sorprenderse por algunas referencias a programas y fechas que parecen anacrónicas, pero que se han demostrado acertadas, como las hechas a propósito del VCR 8×8. Esa es la razón de que se hayan mantenido en el texto.)
Más de diez años después, estos programas todavía siguen en vigor, y en algún caso, se podría decir que seguirán por mucho tiempo. El Eurofighter no acabará hasta 2014, y el Leopard todavía durará todo el 2010, si no surge ningún problema. El caso del Eurofighter era sabido, y el programa de las fragatas se amplió posteriormente, pero ha finalizado prácticamente. Sin embargo, el programa del carro Leopard 2 incurrió en un retraso difícil de asumir por el Ejército –e imposible de justificar por la industria-, y cuando tenía que haber finalizado en 2007, se habla ahora de que finalizará casi en 2011. Habrá que verlo. Del vehículo acorazado Pizarro -2ª fase-, del helicóptero Tigre, de los nuevos buques y submarinos, y del avión de transporte A400M, tan importantes como los anteriores, no vamos a hablar ya que algunos ni siquiera han comenzado y otros apenas acaban de empezar, pero todo hace presagiar que se repetirán los mismos errores.
Nuevamente en fecha reciente, en lo que afecta a los sistemas terrestres, la misma industria responsable de la pobre gestión demostrada con el carro Leopard, ha vuelto a incumplir y protagonizar nuevos retrasos e incumplimientos, pero ahora con un material –los nuevos vehículos MRAP RG-31-, considerado como prioritario y ansiosamente esperado en los teatros de operaciones –principalmente Líbano y Afganistán-, en donde las fuerzas terrestres españolas llevan a cabo misiones denominadas de paz.
Pero lo que más sorprende es que la empresa responsable siga figurando entre las empresas que el Ministerio de Defensa considera, incluso, para el futuro programa de vehículo acorazado 8×8 para el Ejército de Tierra. La experiencia está ahí, y como se suele decir: ¡una, y no más, Santo Tomás! Y se debería descalificar a esa empresa como suministradora de defensa. Por lo menos mientras la empresa no cambie y acredite que posee capacidad de gestión demostrada para gestionar y responsabilizarse de los contratos que consigue. Es obvio que hay otros factores en este asunto, pero mientras la ley de incompatibilidades de altos cargos no se aplique, será difícil progresar, y racionalizar los programas.
En 1996 –y ahí están los diarios de sesiones del Congreso, del mes de octubre que lo atestiguan-, el entonces Ministro de Defensa explicó en el hemiciclo que el Programa Leopard no se podía iniciar en tanto no se reestructurase la industria de armamentos terrestre, en concreto la Empresa Nacional Santa Bárbara, y se mejorase su capacidad de gestión. Hoy, más de una década después seguimos igual.
Claro que, nos tememos, que el método utilizado para obtener los contratos no ha sido muy ortodoxo -no olvidemos que se trata de la principal empresa por antonomasia del Ministerio de Defensa, aunque hoy sea ya privada y 100% extranjera-, y nadie ha exigido que la empresa demuestre ni acredite nada. Posiblemente vale con aplicar la estrategia de negocio apropiada, dirigida por algún muy capaz vicepresidente elegido para el desarrollo de esa estrategia. El papel aguanta todo, y el fin justifica los medios, como ya dijo alguien hace muchos años, en muy distintas circunstancias y en otro lugar.
La situación presupuestaria de la defensa lleva siendo muy precaria desde hace mucho tiempo, y ha venido obligando a una financiación aplazada a cargo del Ministerio de Industria –ya desde mediados de los años 90, en los estertores del felipismo-, con la excusa de que, en última instancia, se beneficiaba y estimulaba a la industria nacional, lo cual no puede ser mayor falacia, cuando esa industria –especialmente en lo que se refiere a sistemas terrestres y aéreos-, está hoy casi totalmente en manos extranjeras.
Como mucho, la financiación aportada desde el Ministerio citado, solo ha contribuido a mantener unos determinados puestos de trabajo en determinadas comunidades, en donde los intereses políticos se han considerado prioritarios para el partido instalado en el poder (Andalucía, Castilla-La Mancha…). No puede hablarse de que se haya creado industria cuando el know-how -la propiedad intelectual y el conocimiento, en suma-, están instalados más allá de las propias fronteras. Lo que se ha creado es una pura y simple subcontratación encubierta, que no va más allá del ensamblaje y la integración de equipos.
Por otra parte, el precio a pagar por el usuario –las Fuerzas Armadas-, ha sido tremendo y ha llevado a que los sistemas que se adquieran no coincidan necesariamente con lo que desean los Ejércitos, sino que, más bien, se viene comprando lo que necesita y quiere vender la propia industria, y asimismo, dada la propia naturaleza de la financiación aportada, la situación ha obligado a unas grandes servidumbres en la contratación, designándose unos subcontratistas de primer nivel que no siempre suelen ser los mejor preparados, pero sí los “preferidos” por la Administración, o los únicos posibles en ciertos casos, con el consiguiente encarecimiento de los productos, y con retrasos en las entregas, en la mayoría de las ocasiones.
Así, por citar varios casos, tenemos el helicóptero Tigre –un sistema rechazado por el Ejército hasta el último minuto-, con retrasos incurridos tremendos, el helicóptero NH-90 –adquirido por el Ministerio de Defensa para los tres ejércitos incluso sin que existiera inicialmente una memoria de necesidad o pliego de prescripciones técnicas-, o el vehículo acorazado Pizarro, en su segunda fase, que se ha visto retrasado hasta que un subcontratista de primer nivel muy conocido y apoyado políticamente, tuviera una solución “original” para una nueva caja de cambios, solución naturalmente sin experimentar ni comprobar satisfactoriamente.
No
hay duda de que si no se hubiera dispuesto de esta modalidad de
financiación, a cargo del Ministerio de Industria, los grandes
programas de adquisición de los sistemas de armas que hoy van
equipando a los tres Ejércitos, no se hubieran lanzado quizás
nunca, y por lo tanto los militares debieran sentirse hasta
agradecidos, pero ese es otro asunto que desvirtúa la misma esencia
de lo que se trata. Y lo desvirtúa porque además, el fin último
perseguido por la autoridad política con esta modalidad no es el de
apoyar a la defensa, sino el de enmascarar el gasto público, y no
incurrir en faltas contra los criterios económicos de convergencia
del euro, dictados por el Banco Europeo, al no incrementarse
directamente los presupuestos re defensa. No es sino engañarse a sí
mismos, ya que al final, los presupuestos del estado son los que son,
pero las autoridades políticas lo aceptan con complacencia. Ojos que
no ven, corazón que no siente, y la legislatura siguiente que venga,
y que arree. Al fin y al cabo, algo muy español.
Otro despropósito ligado a los grandes programas iniciales, ha sido la fuerte inversión de recursos en las empresas públicas, para luego, después de todo, privatizarlas y venderlas a terceros, sin pena ni gloria, y especialmente a grupos extranjeros, que son ahora sus dueños al 100%, cuando el objetivo rentable hubiera sido capacitarlas a través de los programas citados inyectándoles las transferencias de tecnología adecuadas, para dejarlas en condiciones de afrontar y competir en otros posibles programas futuros en Europa, o donde fuera menester, y no solo en España.
Si las circunstancias de la privatización de Santa Bárbara se hicieran públicas, muchas altas personalidades serían llamadas probablemente a declarar, como poco, ante los tribunales, claro que la actitud de los jueces y tribunales merece también un análisis especial. La actual Navantia, constituye la excepción que prueba lo que se dice, siendo la única empresa que logra exportar y vender fuera en cantidades importantes, si bien su futuro no se adivina con claridad. EADS, en su vertiente de la antigua CASA, si bien obtiene algunas ventas limitadas, ve diluido su esfuerzo en el conjunto de la multinacional, y no se puede decir que su rendimiento revierta íntegramente en beneficio nacional.
Hoy,
cuando todo indica que se está a punto de lanzar un nuevo gran
programa para el Ejército de Tierra, mucho nos tememos que se
repitan viejos errores. Así, el hecho de que el Ministerio de
Defensa haya solicitado expresamente, por escrito a ocho grandes
empresas multinacionales, incluyendo la empresa que viene probando
con insistencia su informalidad, todas ellas extranjeras –se diga
lo que se diga-, que envíen información sobre los productos que
consideren que puedan participar en el concurso de adquisición del
futuro Vehículo Blindado de Ruedas (VBR) 8×8, indica aparentemente
la decisión de que este programa no se vaya a contratar por
procedimiento restringido –como solía ser la regla-, quizás para
hacer trascender una transparencia que, desde luego, solo se prueba
con hechos documentados, y es siempre fácil de enmascarar, por lo
que nos parece un ejercicio más de cara a la galería que cualquier
otra cosa. La posibilidad, como alguien puede creer, de que de esta
manera se pueda presentar también cualquier otra empresa que
considere tiene algún sistema 8×8, que pueda satisfacer los
hipotéticos requerimientos operativos del Ejército, – que no se han
dado a conocer-, es remota, e indica que desde el Ministerio
solamente se lanzan globos sonda.
Toda obra debe empezar por unos cimientos, y con unos fundamentos sólidos. En el tema que nos ocupa da la impresión de que el Ministerio de Defensa se ha lanzado sin más por la pendiente, quizás acuciado por las presiones –de todo tipo, sociales, industriales,…-, y el clamor por la sustitución del BMR. La sustitución del BMR es, efectivamente, urgente y una prioridad para el Ejército. Ahora bien, ¿para qué? ¿con qué finalidad? Si se trata solo de disponer de un vehículo para las llamadas misiones de paz, entonces parece que se está enfocando mal, y ya se ha comprado uno: el MRAP RG-31, bueno o malo, todavía sin experimentar por las tropas españolas, ya que ni siquiera han recibido uno solo.
Si se trata de dotar a la Fuerza Terrestre con un nuevo sistema acorazado de combate de ruedas de alta movilidad, proyectable y sostenible, las prisas no son buenas consejeras, y hay mucho camino por recorrer. Y no está claro, ni mucho menos, que se necesite ni siquiera sustituir al BMR con otro vehículo similar pero de mejores prestaciones. Las pocas unidades acorazadas y mecanizadas disponibles cuentan con carros Leopard 2 y vehículos Pizarro, y se recuerda al lector interesado que solo disponemos de tres brigadas, más una brigada de Caballería esencialmente sobre ruedas…¿adónde irían esos 300 o más nuevos VBR 8×8? Las dos brigadas de infantería ligeras –si es que no se disuelven-, y la brigada de la Legión son sus únicos posibles usuarios. No hay ejército ni unidades, ni personal, para ellos, y no hay que olvidar que, aunque diferentes, se están adquiriendo además los Lince y los MRAP. Y no hablemos ya de gestionar toda la flota de nuevos vehículos, eso es algo que supera totalmente las capacidades logísticas y operativas del Ejército de Tierra actual.
Aún
así en el documento DIVA 4-47, Tendencias -de 1 de diciembre de
2008-, del Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de
Tierra, leemos:
“…ante la necesidad de diversificar la dotación de vehículos blindados medios, con objeto de equipar a las tropas con los blindados más adecuados para las características de las misiones y los riesgos y amenazas que deban enfrentar en cada fase de la misión, la mayoría de los países de nuestro entorno han optado por vehículos 8×8 de nueva generación. …………..En el apartado de los blindados “tradicionales”, se está produciendo una carrera por dotarse de vehículos blindados rueda 8×8. Esta clase de vehículos se ha visto muy beneficiada de distintos avances tecnológicos que les hace ser un producto a tener en cuenta en el momento actual en el que los presupuestos militares están muy limitados”.
A
tenor de lo leído da la impresión de que, quizás, se va a entrar
en un nuevo programa porque es la moda, todos lo hacen, y parece que
es una buena opción: bonita, buena y barata, y además, sin duda, a
la industria le interesa, y a los “amigos” de la industria
también.
Todo
programa debe empezar, en buena ley, no porque todos lo hagan y sea
bueno, sino porque verdaderamente se necesita, y por ello debe
existir una memoria de necesidad –documento que debe ser elaborado
por la División de Operaciones del Estado Mayor del Ejercito-, lo
que no sabemos si ni siquiera se ha hecho, aunque si debemos asumir
que se ha dado tal paso. Lo cual no es difícil por otra parte, ya
que la necesidad de sustituir el BMR es obvia y patente. Pero, en
cualquier caso, ¿Por qué tiene que ser lo que sustituya al BMR, un
vehículo de ruedas? Y de 8 ruedas, precisamente, ¿porqué no de 6
ruedas, o incluso de 4, o hasta de cadenas? Tal y como el Ministerio
ha redactado su solicitud de información, o RFI (Request for
Information), puede que cada empresa que conteste a la solicitud,
proporcione la información que quiera y que considere puede
interesar al Ministerio de Defensa, y, al final, se tenga que evaluar
una gama variopinta de vehículos 8×8, 6×6, y 4×4, sin entrar en
posibles alternativas de cadenas, ya que se denomina al nuevo
vehículo como VBR (Vehículo Blindado de Ruedas), y se rechazan
implícitamente ya las cadenas.
Ciertamente,
es muy poco lo que se ha venido haciendo en el seno del Estado Mayor
del Ejército de Tierra, hasta hoy para anticiparse a una situación
que ahora puede darse por sobrevenida, y ya sea por razones
simplemente presupuestarias o de establecimiento de prioridades, la
realidad es que ahora se hacer notar la carencia de un nuevo vehículo
idóneo y moderno para afrontar las nuevas amenazas que se
consideran. El Pizarro, e incluso el Leopard, son medios que, en su
finalidad última, estaban diseñados con la visión del Pacto de
Varsovia y del Ejército soviético como enemigos preferenciales. Hoy
la realidad es otra, para bien o para mal.
La Dirección General de Armamento y Material del Ministerio (DGAM) –hoy dirigida por un teniente general del Ejército, procedente de artillería-, es el organismo que parece haber elaborado el documento de la solicitud de información, en el que se hacen públicos los datos que deberán facilitar las empresas que estén interesadas en el programa de adquisición de nuevos vehículos 8×8, y que deberán ser contestados antes del próximo 15 de agosto, entendiéndose, quizás, que él que no conteste en esa fecha no tomará ya parte en la evaluación, o no.
El contrato, que se prevé para un total de 300 vehículos –se trata ciertamente de un nuevo gran programa, que conllevará un alto coste-, se podría llegar a firmar en junio de 2010, después de la evaluación de la documentación suministrada, y de los vehículos, y se dice que se deberán entregar todos los vehículos objeto del contrato, como muy tarde, en 2016, empezando en 2012 –alguien diría que muy largo se fía-, para disponer antes de 2014 de un mínimo de 40 vehículos, garantizándose su «capacidad operativa inicial» –no entendemos bien que quiere decir con esto la DGAM-, es decir quizás su posibilidad de despliegue a zona de operaciones –¡solo faltaría que no se pudiese!-, en ese mismo año 2014, y suministrar luego el resto -¡260 vehículos!-, en los dos años siguientes.
En
suma, un verdadero galimatías, en él que se indica a la posible
empresa adjudicataria que deberá entregar a un ritmo de 20
vehículos/año durante los dos primeros años, y posteriormente
¡incrementar el ritmo a 130 vehículos/año!, durante los dos años
siguientes. ¿Es esto lo que el Ministerio de Defensa entiende por
gestión de un programa? Estamos seguros de que en las empresas
serias como Krauss-Maffei, Nexter, Iveco, o Patria, se lo habrán
tomado a broma –salvo que se les contrate a ellas directamente, y
aún así es un esfuerzo considerable-, y si acaso propondrán otras
alternativas. El plan parece hecho a medida de la única empresa
considerada como española, a pesar de la pomposa denominación
norteamericana que luce, y que viene incumpliendo todos los contratos
que firma, y que, naturalmente, incumpliría éste una vez más, si
le fuese adjudicado, en la seguridad de que le serán perdonadas
todas las posibles penalizaciones.
Por
otra parte, y como hecho curioso, no se incluye un presupuesto máximo
–suponemos que el Ministerio sí tiene hecha su estimación-,
aunque sí se solicita una estimación del coste a las empresas,
advirtiendo, no sabemos con que fin, que las posibles cifras no son
vinculantes, y solo se requieren con carácter informativo, lo que no
deja de llamar la atención ya que, sin duda, se deberá considerar,
de alguna forma, en el presupuesto plurianual de inversiones, al
objeto de incluirlo en la próxima negociación de los presupuestos,
de acuerdo con el calendario propuesto por la propia RFI, y que va a
suponer un desembolso entre los años contemplados de 2010 a 2016, de
casi dos mil millones de euros, si no más, y, tal y como están las
cosas, no parece que vaya a resultar fácil que en el presupuesto de
defensa se vaya a llegar a estas cifras. Una vez más se hipotecará
notablemente la gestión del presupuesto de defensa, y si no media el
auxilio del Ministerio de Industria, el programa será inviable
presupuestariamente.
Según
explica la DGAM, el propósito de la RFI no es otro que el de,
«recopilar la información actualizada relativa a vehículos
blindados 8×8 que hay en el mercado, para que sirva de referencia en
un futuro programa de adquisición» para el Ejército. Extraño
propósito, ya que para eso, las empresas podrían limitarse a enviar
la información publicada, y pública, que es mucha,… en prensa
especializada, en boletines de información, en los salones
internacionales de materiales de defensa, y, por supuesto, en
Internet, y de la que ya dispone el Ejército, sin duda.
La
DGAM, ya había decidido, en 2004 –bajo la dirección de quien
sería luego JEME y hoy vicepresidente de una de las empresas ahora
consideradas y llamadas a participar-, acometer el desarrollo de un
futuro vehículo acorazado 8×8 para el Ejército de Tierra, con el
objeto de que en su día –entre 2012 y 2015-, una fecha que es la
que ahora se mantiene en líneas generales sospechosamente-, se
pudiera iniciar la adquisición de un vehículo que respondiese
verdaderamente a las necesidades del Ejército, y no al contrario, es
decir que el Ejército acabase adquiriendo aquello que satisfaciera
mejor a las necesidades e intereses de la industria, y no a sus
necesidades reales, como sucede, se decía, cuando se adquieren
equipos ya existentes en el mercado. Curioso predicamento, cuando
todo indica que ¡cinco años después!, es eso lo que precisamente
se va a hacer.
El
documento de solicitud de información explica, además, que el
objetivo del programa es «proporcionar al Ejército una
generación nueva de vehículos blindados de ruedas multifunción, de
peso medio y con unas prestaciones acordes con las necesidades
actuales y con las exigencias que surjan en el futuro», sin
especificar niveles de protección, ni ninguna otra característica.
Algo, todo ello muy aleatorio y ambiguo, ya que no se puede pedir
información sobre lo que está disponible –recopilando información
actualizada-, y además insistir en que el material debe responder a
las necesidades actuales, y a las exigencias que surjan en el futuro.
¡Qué fácil es escribir! ¿Sabe el Ministerio de Carme Chacón,
cuáles son las exigencias militares del futuro? No se puede pedir lo
que no se sabe, es solicitar a gritos ser engañado, y, una vez más,
un ejercicio fútil y de cara a la galería.
No
obstante, en el documento, la DGAM se atreve a señalar que el futuro
vehículo 8×8 debe disponer de las características y capacidades
siguientes:
- Elevada capacidad de supervivencia para el personal embarcado. (¿contra qué amenazas?). Decir “elevada capacidad es no decir nada, del mismo se podría pedir que sea casi invulnerable.
- Volumen interno suficiente y gran capacidad de carga útil para las diferentes variantes y misiones. (¿cuánto volumen? ¿cuánta carga? ¿cuánto personal?). Decir “suficiente” es no decir nada una vez más.
- Reducida necesidad de recursos logísticos y bajos costes de servicio. (¿qué ciclo de vida y mantenimiento se considera?)
- Será un sistema modular, abierto que permita la incorporación de las innovaciones tecnológicas que se consideren necesarias. (Que sepamos, de los materiales disponibles, solo hay uno que responde a la idea de ser modular, ¿descalifica ya eso a los demás?)
Dentro de la exposición de lugares comunes que establece la solicitud de información a las empresas, el documento de la DGAM establece que «Las Fuerzas Armadas necesitan dotar a las Unidades Ligeras Protegidas (Medias) de un vehículo blindado moderno que sustituya y mejore el BMR y el VEC, con las capacidades necesarias de protección y movilidad que permitan el despliegue en un plazo corto de tiempo».
En primer lugar, suponemos que realmente se refiere al Ejército de Tierra y no al conjunto de las Fuerzas Armadas. No se puede ver fácilmente –independientemente de la modularidad que se pide-, como el vehículo puede ser tan polivalente como para servir a los tres ejércitos. El Ejército del Aire, que se sepa, no necesita ninguno, y la Infantería de Marina acaba de dotarse recientemente con un vehículo 8×8 de la familia Piraña, de General Dynamics,…¿entonces?. Y, aviso para navegantes, si se pretende no solo sustituir al BMR, sino también al VEC, con la misma plataforma,…quizás se esté apuntando en otra dirección.
El Ejército de Tierra ya dispone de vehículos 8×8 Centauro, de reconocimiento y exploración, que mejoran en todo al VEC,…y recientemente se ha puesto a punto en Italia una versión transporte de personal, fuertemente armada, sobre la misma plataforma del Centauro….
¿es eso lo que se ha pensado desde el Ministerio? Entonces, todo podría indicar que se está pensando en otra solución, y además, como contrapartida a la empresa tradicionalmente incumplidora, éstos –a pesar de ser italianos-, hasta ahora han venido cumpliendo sus contratos de forma mucho más formal. Desde un punto de vista logístico, sería una solución con bastante sentido, y justificaría la decisión de adquirir el Centauro, tomada hace varios años, unificando plataformas, conjuntos, repuestos, y mantenimiento, pero no sería una solución innovadora.
De
orientarse todo en la línea de lo citado, para nada se trata aquí,
de innovar, de buscar modularidad, ni de proyectabilidad. Ni el
Centauro, ni su hermano versión de transporte de personal Freccia,
pueden ser transportados por los medios aéreos disponibles, y lo del
A400M empieza ya a parecer como el cuento del lobo. Por ello, resulta
un jeroglífico descifrar lo que señala el Ministerio de Defensa
cuando dice que necesita «disponer de una familia de vehículos
blindados de ruedas, multifunción de peso medio, altos niveles de
protección, capacidad de proyección y movilidad», y añade,
además, que “dichos vehículos formarán parte del sistema
Vehículo Blindado de Ruedas (VBR) del Ejército del futuro”. Eso
es hipotecar futuros desarrollos, anclarlos en las tecnologías que
hoy están disponibles, y además no es coherente para nada con la
información pedida a las empresas. Se puede concluir que los
redactores del documento, o no son profesionales, o han redactado la
solicitud de información en un momento de inspiración celestial.
Da
la impresión de que la DGAM ha hecho unas peticiones de información
imprecisas, superficiales y poco profesionales, a menos que se trate
solo de vestir un santo, y la decisión esté ya tomada de antemano,
lo que nos tememos, y especialmente, en favor de determinada empresa.
La DGAM podría incluso meterse en un buen lío, pero, sin duda, es
por ello que se insiste en explicar repetidamente que la información
suministrada por las empresas no tendrá carácter vinculante para un
futuro contrato, y solamente se utilizará para «evaluar las
posiciones de adquisición». Obviamente se trata de no
comprometerse y no habría que extrañarse, en consecuencia, que
alguna empresa ni siquiera conteste, aunque probablemente lo harán
todas por aquello de guardar las formas.
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