En las últimas semanas se ha producido un enorme revuelo en las redes sociales (y no sólo) a propósito del Memorando de Entendimiento firmado por Indra, Navantia y Kawasaki, destinado a explorar las posibilidades del Kawasaki P-1 como plataforma para operaciones marítimas. Una historia que no tendría mayor recorrido, si no fuese porque España se ha comprometido con Airbus a adquirir hasta 16 aviones Airbus C295 en configuraciones de patrulla marítima (MPA) y de vigilancia marítima (MSA/VIGMA), en un contrato valorado en 1.695 millones de euros que, en principio, parecía poner fin a las disputas en torno a este tema. Sin embargo, lo que se está jugando aquí va mucho más allá de la patrulla marítima y tiene que ver con tres aspectos interrelacionados: 1) la arquitectura industrial en la llamada «Europa de la Defensa»; 2) el papel que corresponderá a España dentro de ella, teniendo en cuenta que pretende ser parte del «Grupo de los 4», pero que no dispone de los activos necesarios para ello y; 3) la apuesta del Gobierno por forzar la conversión de Indra en un TIER 1, de forma que pueda competir en igualdad de condiciones con gigantes europeos de la talla de Airbus, Dassault, Thales o Leonardo…
Índice
- Introducción: un nuevo escenario global
- La Unión Europea y sus dinámicas internas
- La industria europea de defensa: sólo puede quedar uno
- La incómoda posición de España
- España y Airbus: ni contigo ni sin ti
- Contrapesando a Alemania, Italia o Francia: de vuelta al año 2000
- Un futuro por escribir
Introducción: un nuevo escenario global
En los últimos días, como explicábamos en la entradilla, se ha vivido un enorme y curioso revuelo en las redes sociales (y no sólo) a propósito del Memorando de Entendimiento firmado por Indra, Navantia y Kawasaki, destinado a explorar las posibilidades del Kawasaki P-1 como plataforma para operaciones marítimas. Se han publicado, de hecho, sucesivas noticias en medios de todo tipo, incluyendo los voceros habituales que, a cambio de su comisión, son capaces de intentar hacer creer al público que el P-1 puede llegar a ser una opción válida para un país como España. Algo que, por cierto, no tendría tanto que ver con las posibilidades de la plataforma (sin duda muy válida), como con su precio (y el de sus recambios, dadas las economías de escala), los problemas logísticos que implicaría su compra o el hecho de que ya se ha hecho una apuesta por los C295 de Airbus (no entramos aquí en si es o no la apuesta correcta, pues ya hemos dedicado varios artículos a dar argumentos a favor y en contra de esta y otras opciones).
En cualquier caso, el error de la mayor parte de los análisis pasa por intentar encontrar las razones técnicas o incluso comerciales que expliquen el paso de Indra y Navantia, pensando que hay algún movimiento detrás por parte del Ejército del Aire o incluso de la Armada (recordemos que la patrulla marítima en España es responsabilidad de la primera), en tanto estarían interesados en la compra de los Kawasaki P-1 como complemento (por arriba) a los C295 MPA. Es un error, pues en este caso concreto (como casi siempre en España) todo se entiende mucho mejor si atendemos a los niveles más altos, esto es, a las razones políticas e industriales, dejando fuera de la ecuación a unas FAS que rara vez en los últimos años han tenido un papel decisivo en la elección de los sistemas a adquirir, al plegarse cualquier estrategia militar a la estrategia industrial-militar (algo explicado en nuestro libro sobre el Programa S-80).
Entender la situación en la que estamos -hablando de España, como país, así como de su industria de defensa- obliga no obstante a ampliar el foco, incluyendo en esta particular instantánea a los Estados Unidos, Rusia, China o la Unión Europea, para ir descendiendo posteriormente desde lo más general a lo más concreto. Lo contrario, es decir, quedarse en análisis centrados en las características del aparato o en su encaje dentro de las FAS sería el equivalente, parafraseando a Braudel, de fijarse apenas en la espuma superficial de las olas de la historia…
Dicho esto, tenemos que el sistema de poder global está en plena transición desde un sistema unipolar imperfecto a otro que será (veremos) bipolar imperfecto o incluso multipolar, dado el ascenso de una República Popular de China que ha planteado un órdago a la grande al intentar sustituir a Occidente (y a los Estados Unidos, en concreto) como polo económico mundial y la amenaza que plantean otras potencias que pretenden transformar el statu quo. En este contexto de transición, el resto de las potencias -y las que forman la Unión Europea no son una excepción-, están intentando mantenerse a flote, algo que explica en buena medida las razones de Rusia para invadir Ucrania o la reacción de la Unión Europea, lanzando un número inédito de iniciativas de defensa o creando nuevos puestos como el de Comisario de Defensa y Espacio de la Unión Europea.
Dentro de este «posicionarse» se incluyen acciones de todo tipo, muchas de ellas relacionadas con la seguridad en la cadena de suministros, la relocalización de empresas o la inversión en sectores críticos como el de los semiconductores, por ejemplo. También la imposición de sanciones, la aparición cada poco tiempo de nuevas estrategias sean globales, de defensa o sectoriales en el caso de la industria, y mil cosas más. Como quiera que buena parte de la competición tiene que ver con la alta tecnología y que esto se relaciona directamente con la industria de defensa, todos los protagonistas intentan a toda costa alimentar a su industria nacional. Es lógico, en tanto buena parte del proceso de transición de poder global tiene también mucho que ver con el periodo de Revolución Militar en ciernes en el que nos encontramos inmersos. Una dinámica en la que aquellas empresas y Estados que pierdan comba, sufrirán las consecuencias quedando o fuera del mercado las primeras, o relegados a un papel secundario, los segundos; si no algo peor.
La Unión Europea y sus dinámicas internas
La Unión Europea, a pesar de los intentos de la Comisión, dista mucho de ser un Estado y, de hecho, continúa actuando, especialmente en todo lo que afecta a su seguridad y defensa, más como un conjunto de estos que como un único poder. Así, a diferencia de lo que ocurre en los Estados Unidos, en donde cada uno de los estados que forman el país presiona en lo posible, recurriendo al cabildeo (e invirtiendo enormes sumas) para presionar en Washington y obtener contratos para sus empresas, pero el Gobierno Federal imprime una dirección global, en la UE no hay (todavía) un poder central que pueda poner un mínimo de orden. De hecho, las luchas cada vez más fieras entre la Comisión (en especial desde la llegada de Von der Leyen) y el Consejo son buena muestra de cuál es la situación a nivel comunitario y de la resistencia de los Estados miembros a soltar una competencia que, en última instancia, es la que les identifica en tanto que Estados.
Así las cosas, y a falta de ese poder central -como demuestra la tesis doctoral depositada recientemente por nuestra redactora Beatriz Cózar Murillo– lo que condiciona en mayor medida el resultado que cada Estado puede obtener dentro del sistema es su peso peso relativo (en términos de PIB, población o inversión en defensa, pues es el elemento que nos indica la medida de la presión que es capaz de ejercer frente al resto.
En el caso de España, a pesar de que con la salida del Reino Unido (Brexit) de la Unión Europea, pasó a ser considerado como miembro del «Grupo de los 4», siendo entre otras cosas uno de los países impulsores de la PESCO; si bien ni su PIB, ni su población, ni el tamaño o configuración de su industria de defensa es comparable al de los otros tres miembros del grupo (Alemania, Francia e Italia). A pesar de ello, nuestro país ha hecho durante mucho tiempo lo posible (máxime teniendo en cuenta la precaria situación interna, marcada por los Gobiernos de coalición o en minoría y los problemas para sacar adelante nuevos presupuestos) por mantener esta posición. No es de extrañar, pues están en juego contratos y fondos muy cuantiosos y, en términos más amplios, el futuro de nuestra industria de defensa y, también, de nuestra cuota de poder dentro de la propia UE.
Por supuesto, el resto de los miembros del grupo han estado haciendo lo propio, especialmente una Francia que intenta a toda costa articularse como el núcleo central de la industria de defensa europea y que, a diferencia de España, no tiene remilgos en posicionarse, en bloquear iniciativas y en defender con uñas y dientes sus intereses, a costa en ocasiones de paralizar el sistema. Sin embargo, no es la única, pues también Alemania (aunque su posición en muchos casos supone un misterio) e Italia se han estado movimiento y, junto a ellas (o más bien de su mano, aunque nunca está del todo claro si son los gobiernos o las empresas los que marcan el ritmo) sus principales compañías dentro de este particular sector.
Así pues, según están evolucionando las cosas, y atendiendo a lo dicho sobre la diferencia de PIB, población o industria de defensa entre unos miembros y otros del «Grupo de los 4», lo que tenemos es que mientras que Francia, Alemania e Italia cuentan con empresas que sí pueden considerarse como verdaderos «TIER 1» y que son claves para el conjunto del sistema, por su papel de sistemistas e integradores, España carece, salvo parcialmente, de ninguna compañía de este tipo. Nos guste o no, ni siquiera Navantia o la propia Indra lo son. El Programa S-80, de hecho, ha demostrado entre otras cosas que no estábamos preparados para dar ese salto y que no se han dado los pasos adecuados para que sea posible, aunque ha habido tiempo para ello. La cosa, sin embargo, no termina aquí…
La industria europea de defensa: sólo puede quedar uno
Entender la situación actual nos obliga a remontarnos unas décadas atrás, hasta el final de la Guerra Fría. Entonces, los gobiernos de lo que ahora es la Unión Europea, aceptaron de forma un tanto alocada todos los beneficios de los «dividendos de la paz», sin tener en cuenta las posibles consecuencias a largo plazo para su defensa y, también, para la industria del ramo. Es un tema en el que no profundizaremos por no aburrir al lector, ya que hemos hablado sobre ello recientemente a propósito del declive naval de Occidente, aunque en este caso intentando verle el lado positivo.
Sucede, sin embargo, que lo que podría ser adecuado en un sector en concreto, no es por fuerza extrapolable al conjunto de la industria, ni tampoco al de los Estados miembros de la UE. En el caso del sector naval, intentábamos explicar al lector que la existencia de unos pocos constructores grandes y multitud de otros pequeños, podría ser ventajoso, ya que estos últimos, muy especializados, podían aprovechar el paso del paradigma plataforma-céntrico a otro basado en las redes para hacer valer su dinamismo y capacidad de generación de nuevas ideas y sistemas, quizá más adecuados al nuevo escenario. Esto no implicaba, en cualquier caso, que los grandes debieran desaparecer; por el contrario, poníamos el acento en el hecho de que, quizá, la distribución del sector naval en la Unión Europea nos preparaba mejor para lo que está por venir que la de la estadounidense.
Desgraciadamente, si miramos más allá y vemos hacia dónde se dirige la guerra, así como qué dominios tienen visos de ser los más relevantes, lo que tenemos es que gana por goleada todo lo que tenga que ver con lo aeroespacial y lo cibernético/electromagnético frente a los dominios terrestre y marítimo (aunque en el caso concreto de la guerra submarina y la aeronaval seguirán teniendo mayor importancia relativa). Esto implica que empresas aeroespaciales, de electrónica, semiconductores, drónica, computación cuántica, comunicaciones o Inteligencia Artificial serán las que llevarán la voz cantante en cuanto a ganar contratos, generar avances y, en definitiva, competir. No es casual que algunos de los últimos macrocontratos del Pentágono afecten a empresas como Microsoft, mientras que en lugar de relevar algunos sistemas «legacy», se opte por invertir lo mínimo en actualizarlos…
Esto último debe entenderse bien, pues no es que no se vaya a luchar más en tierra (muy al contrario), sino que el negocio relacionado con el desarrollo de plataformas o armas terrestres (no sistemas), por mucho que se hayan encarecido, será una fracción cada vez menor de la inversión total en defensa. Lo mismo ocurrirá con las plataformas aéreas o navales, aunque estas son sustancialmente más caras. Sea como fuere, el grueso de la inversión irá a parar a todo lo que tenga que ver con la digitalización, las comunicaciones y la inclusión de cada parte en el seno de un «sistema de sistemas», con un gasto ingente en recursos destinados al mando y control, la conciencia situacional… pero no a las plataformas o sistemas de armas per se.
Todo lo anterior implica que hay determinadas empresas que necesitarán, sí o sí, ganar tamaño para poder generar economías de escala, sinergias, acometer las gigantescas inversiones necesarias para desarrollar ciertas tecnologías y, en definitiva, seguir siendo competitivas y sobrevivir. Así, algunas compañías tradicionales del sector de la defensa irán basculando cada vez más desde la producción de plataformas o armamento, hacia los campos anteriormente citados, sin que esto suponga que fabricantes como Raytheon, Bae Systems, Leonardo o Lockheed Martin dejen de hacer buques, aviones de combate o blindados entre otros. Otras serán, simple y llanamente, recién llegadas, procedentes del sector de la informática o las telecomunicaciones (no es casualidad, por ejemplo en España, el creciente interés y papel de Telefónica en cuanto a Defensa). Y otras, serán el resultado de nuevas fusiones o adquisiciones: todo con tal de ganar el tamaño suficiente para no verse sobrepasadas.
Obviamente, la posición de partida de algunas de estas empresas -y volvemos ahora sobre las europeas- es mucho mejor que la de otras. Así, la de companías como Leonardo, Thales, Safran (que nace a partir de las antigua SNECMA y SAGEM, esta última dedicada a la electrónica), Dassault, Rheinmetall, Fincantieri o KNDS es en principio más favorable, dado su tamaño, el disponer de amplios mercados y el respaldo que supone tener tras de sí un Estado que invierte cantidades aceptables en Defensa, que no la de empresas españolas como Indra o Navantia. Además, la relación entre algunas de ellas -especialmente las participadas por el Estado francés- es muy estrecha, con varias empresas clave manteniendo importantes paquetes de acciones de las demás, algo que se repite en otras latitudes y que sólo ahora empieza a verse en España con los movimientos en torno a Indra (Escribano Mechanical & Engineering, SAPA…). En cualquier caso, quien más, quien menos se está moviendo para tejer alianzas y ganar ese tamaño, sea de iure o de facto.
En resumen, se están produciendo movimientos tectónicos que apuntan a que el núcleo de la industria europea de defensa se concentrará paulatinamente en torno a unas pocas empresas que son consideradas «TIER 1» y entre las cuales las más importantes serán las que tengan que ver con los sectores espacial/aeroespacial y electrómagnético/cibernético. Un tipo de empresas de las que España carece en gran medida, a pesar de los intentos por hacer de Indra o de Navantia jugadores continentales en pie de igualdad con corporaciones que, en realidad, son un orden de magnitud mayores.
Así las cosas, periódicamente arrecian los rumores a propósito de una futura fusión entre Naval Group y Fincantieri que les lleve más allá de la actual joint venture Naviris en lo que se refiere al ámbito naval. Es más, últimamente son varias las voces que hablan de intentos de fusión entre Airbus Defence and Space y Thales Alenia Space, las divisiones espaciales de Airbus por una parte y de la joint venture entre la francesa Thales y la italiana Leonardo. Algo que tendría todo el sentido del mundo y permitiría crear un auténtico gigante europeo en lo aeroespacial… dejando fuera a las españolas (sí, a sabiendas de la mínima participación que España tiene en Airbus). Un juego de rumores y pequeños movimientos constante pero que es a la vez muy significativo pues no había sido tan fuerte desde hace más de una veintena de años.
Lo que es peor, muchas de las medidas tomadas por las instituciones europeas, a pesar de que se intenta favorecer a las SMEs, lo cierto es que benefician enormemente la posición (por ejemplo su poder negociador dentro de los consorcios) de los grandes. Algo que, en cualquier caso y voluntario o no, es muy difícil de revertir, dado el tamaño y capacidad de presión de los principales jugadores de este particular sistema. Por supuesto, entre los damnificados se encuentra España, como veremos…
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