En los últimos meses las tensiones entre Estados Unidos y China debido al posible uso por parte del gobierno de Pekín de empresas tecnológicas para actividades de espionaje han centrado la atención internacional. A pesar de sus evidentes implicaciones comerciales y diplomáticas, el debate sobre las consecuencias de la implantación de la tecnología 5G por parte de la compañía china Huawei va más allá del enfrentamiento entre ambos países y comportará importantes novedades en el ámbito de la inteligencia y, especialmente, en el de la defensa.
La detención el pasado mes de diciembre en Canadá de Meng Wanzhou, vicepresidenta de Huawei e hija del fundador de la compañía -quién se encuentra en libertad bajo fianza a la espera de una posible extradición a EE. UU.-, fue el detonante que situó las tensiones entre Washington y Pekín sobre el posible espionaje de la compañía china como una cuestión central en la política internacional.
Si bien estas acusaciones no son nuevas -en 2012 el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes delos EE. UU. concluyó que las compañías tecnológicas chinas suponían una amenaza para la seguridad nacional-, el aumento de las tensiones en los últimos meses ha generado incertidumbres comerciales, con enormes repercusiones en la economía mundial, pero que también han puesto sobre la mesa el crecimiento y la posición de privilegio de algunas de las principales compañías tecnológicas chinas -como es el caso de la propia Huawei- y ha generado temores a que estas empresas puedan ser utilizadas para realizar actividades de espionaje para el gobierno comunista.
Durante el último año los EE. UU. han denunciado continuamente a Huawei por colaborar supuestamente con la inteligencia de Pekín. En febrero de 2018 los responsables de las principales agencias de inteligencia estadounidenses -entre ellas la CIA y la NSA- advirtieron en una comparecencia en el Comité de Inteligencia del Senado del peligro que implicaba el uso de productos de compañías de telecomunicaciones chinas como Huawei o ZTE. Meses más tarde, el Departamento de Defensa vetaba el uso de productos de ambas compañías por suponer un “riesgo inaceptable” para el Pentágono y se establecía la prohibición de que los funcionarios del Gobierno y los diversos contratistas que trabajan para el mismo utilizaran sus productos.
En mayo de 2019, la Administración Trump publicó una Orden Ejecutiva por la cual declaraba la emergencia nacional y prohibía a las compañías estadounidenses utilizar equipos de empresas extranjeras en redes de telecomunicaciones críticas que supongan un riesgo para la seguridad nacional, aunque sin especificar qué compañías o países se vetaban. Días después, Google anunciaba la limitación de los servicios de software que suministra a Huawei y el Departamento de Comercio incluía a la compañía china en una lista negra por la cuál no se le podía vender tecnología sin previa autorización.
Las posturas de Huawei y China
Estas acusaciones de espionaje y de robo de propiedad intelectual hacia el gobierno de Pekín se basan en gran medida en la inquietud que generan las estrechas relaciones entre las empresas chinas y el Partido Comunista de China (PCC). El fundador de Huawei, Ren Zhengfei, un ex ingeniero del Ejército Popular de Liberación de China que todavía pertenece al partido- fundó la compañía a finales de la década de los ochenta del siglo pasado y, en apenas treinta años, ha logrado situarla como el principal fabricante de equipos de telecomunicaciones a nivel mundial, uno de los mayores proveedores de red móvil y de banda ancha y el segundo fabricante mundial de móviles.
Zhengfei ha negado continuamente las acusaciones de espionaje y sus vínculos con el gobierno chino, más allá de las relaciones lógicas por ser una empresa estratégica. De hecho, ante la presión del gobierno de Washington el presidente rotativo de Huawei, Guo Ping, aprovechando la celebración del pasado Mobile World Congress, recordó el programa PRISM de la National Security Agency (NSA) y, ante la falta de pruebas públicas por parte del gobierno estadounidense, se preguntaba quién era más de fiar.
En cuanto a Pekín, ha negado que utilice las empresas chinas para actividades de espionaje y ha justificado las acusaciones procedentes de Washington alegando que éstas se basan en una guerra comercial entre ambos países por la implantación de la tecnología 5G y al creciente empuje de las compañías chinas que desafían el dominio tecnológico estadounidense. En este sentido, el auge y expansión de Huawei -y de otras empresas chinas- deben enmarcase en los distintos planes estratégicos impulsados por la República Popular de China con el objetivo de convertirse en la primera potencia económica y tecnológica global a largo plazo.
Iniciativas como el proyecto de construcción de infraestructuras marítimas y terrestres global One Belt, One Road o la estrategia Made in China 2025 -cuya fecha tan sólo indica la primera fase de desarrollo-, por la cual se pretende realizar un cambio en el sector productivo, pasando de la fabricación de artículos de baja calidad a productos y servicios de con gran valor añadido, son una muestra del objetivo que tiene China a nivel mundial de reemplazar a las compañías tecnológicas occidentales y adquirir una posición de liderazgo en el ámbito económico.
La principal evidencia sobre la colaboración entre Huawei y el PCC recae en la “Ley de Inteligencia Nacional de la República Popular de China” de 2017 – actualizada en abril de 2018-, por la cual las empresas y organizaciones deberían colaborar con la inteligencia china si se les solicita información. De forma similar, mediante la “Ley de Ciberseguridad” de 2017 las empresas chinas que operan en el exterior deben de ceder información en el caso de que ésta sea requerida por el gobierno chino.
Sin duda estas normativas suscitan, cuanto menos, desconfianza por parte de los gobiernos occidentales, además del temor a que Huawei pueda instalar las famosas ‘puertas traseras’ en las redes de telecomunicaciones que les permitan acceder a todo tipo de comunicaciones, tanto privadas como de carácter gubernamental. Pese a la negativa de espionaje por parte de Pekín, el fuerte control que las autoridades ejercen sobre la Red y la posibilidad de tener el control sobre la próxima generación de redes inalámbricas, genera serias dudas sobre sus actividades.
A pesar de las medidas adoptadas por EE. UU. y de los indicios de que Pekín podría utilizar empresas chinas para obtener información, a día de hoy, el gobierno de Washington no ha hecho públicas las evidencias del supuesto espionaje de Huawei, aunque el embajador norteamericano ante la Unión Europea, Gordon Sondland, afirmó que había evidencias sobre estas actividades de la compañía, pero que éstas eran clasificadas.
Paradójicamente, las únicas actividades de espionaje que se han hecho públicas hasta la fecha han sido las realizadas por la NSA en la denominada operación ‘Shotgiant’, reveladas por Edward J. Snowden, a través de la cuál la agencia de inteligencia se infiltró en el año 2010 en Huawei con el objetivo de demostrar que la compañía estaba controlada por el Ejército chino y el PCC, pero no se encontraron evidencias concretas.
Más allá del supuesto espionaje de la compañía, hay analistas que apuntan que el principal motivo no radica tan sólo en una cuestión de espionaje, sino en la competición por liderar el desarrollo e implantación de la denominada tecnología 5G. Aunque el presidente estadounidense Donald Trump no dudó en afirmar en abril de este mismo año que querían ser los líderes en el 5G y que era una carrera que van a ganar, hasta el momento los EE. UU. se ven superados por China y Corea del Sur en esta despiadada competición que todos consideran vital para su futuro.
La tecnología 5G
El 5G es la próxima generación de tecnología y redes inalámbricas que se prevé comportará un cambio radical en las sociedades más avanzadas tecnológicamente y que tendrá un impacto mundial en todos los ámbitos -tanto públicos como privados-, debido principalmente al aumento de la velocidad de las conexiones o al volumen de datos que se podrán transferir en un menor tiempo en comparación a la generación actual, denominada 4G. A su vez, es una estructura que va a permitir la conexión a la Red de millones de nuevos dispositivos, en lo que denominamos el Internet of Things (IoT), que incluye desde aquellos dispositivos que tenemos en nuestros hogares y que progresivamente se han ido incorporando a nuestras vidas como neveras y lavadoras con conexiones wifi, televisores o asistentes inteligentes hasta robots, vehículos autónomos y todo el mobiliario urbano que hará posible las denominadas Smart Cities.
El aumento de estos dispositivos no tendrá repercusiones únicamente tecnológicas, sino que comportará cambios en sectores estratégicos como la economía o el comercio -con la implantación de una nueva infraestructura inalámbrica y la creación de nuevos puestos de trabajo-, en la sanidad, en las finanzas o en el transporte, la gestión del suministro eléctrico, el tratamiento de aguas y residuos o, más importante, en el ámbito militar.
La clave de la implantación de la infraestructura 5G, por tanto, radica en quién la desarrolla y administra, ya que tendrá un acceso privilegiado a la inmensa cantidad de datos que circulen a través de todos aquellos dispositivos conectados, con todo lo que ello supone en términos de inteligencia tanto aplicada a la defensa como a la economía. Históricamente, quién lidera los cambios tecnológicos tiene una ventaja cualitativa respecto a aquellos que únicamente se adaptan a los cambios, pudiendo establecer nuevos procesos y normativas que serán seguidos por el resto.
Los aliados de los EE. UU. ante el 5G
El debate sobre la implantación del 5G va más allá de las tensiones entre los EE. UU. y China. A pesar de las presiones que Washington está ejerciendo sobre sus socios para que prohíban el despliegue de la infraestructura 5G por parte de Huawei, sus argumentos no acaban de convencer al resto de aliados.
Mientras que países como Australia y Japón han mostrado una postura firme al lado de su socio estadounidense en su voluntad de prohibir la implantación del 5G por parte de compañías chinas, otros países no han sido tan rotundos, como ocurre con Alemania o el Reino Unido. Aunque en un primer momento la posición británica fue cercana a la estadounidense, un reciente informe del National Cybersecurity Centre, que forma parte de la agencia de inteligencia británica Government Communications Headquarters (GCHQ), sostiene que a pesar de encontrar vulnerabilidades de seguridad en los productos examinados procedentes de Huawei, no encontró evidencias de espionaje estatal y considera que podrán gestionar los posibles riesgos de seguridad relativos a la utilización de equipos de telecomunicaciones de la compañía china. Situación similar se da en Nueva Zelanda, que aunque prohibió en un primer momento los equipos 5G de Huawei, se ha mostrado flexible a negociar. En cuanto a Canadá, debido a las tensiones diplomáticas -las autoridades canadienses detuvieron a Wanzhou y poco después se produjo la detención por parte de China del ex diplomático canadiense Michael Kovrig y el empresario Michael Spavor acusados del robo de ‘secretos de Estado’- la decisión de continuar con la implantación de las redes inalámbricas 5G por parte de Huawei está en el aire.
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